Aprobado el dictamen de Cerredo que ve «responsabilidad política» pese al PSOE
Asturias exige responsabilidades por el accidente en el que murieron cinco trabajadores leoneses
Los diputados que han votado a favor del dictamen de la comisión del caso Cerrado aplauden en pie.
El Pleno de la Junta General del Principado aprobó este miércoles el dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente laboral que dejó cinco leoneses muertos en la mina de Cerredo (Degaña) con el apoyo en bloque de todos los grupos —PP, Vox, Foro, Convocatoria y la diputada Covadonga Tomé— frente al rechazo del PSOE. El voto particular presentado por Convocatoria por Asturias fue rechazado.
El texto definitivo concluye que la causa inmediata y directa del siniestro fue la realización de labores extractivas clandestinas bajo condiciones totalmente incompatibles con la seguridad. Asimismo, determina la existencia de responsabilidades políticas al señalar que, si bien la administración autonómica no causó el accidente de forma directa, incurrió en graves «fallos de control, supervisión, inspección y coherencia autorizatoria» que favorecieron un escenario de riesgo continuado.
Durante el debate parlamentario, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé y presidenta de la Comisión de Investigación defendió firmemente el dictamen y reivindicó que no habría existido sin su impulso individual. Criticó la gestión del Gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón, denunciando que se otorgaron transmisiones y concesiones de explotación sin el rigor jurídico necesario, en un contexto de cierre o restauración y obviando los antecedentes de siniestralidad previos.
Entre las principales propuestas en el dictamen figuran la revisión de los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) vigentes, la puesta en marcha de un plan de inspecciones sorpresa, una coordinación efectiva entre los agentes del medio natural y la inspección minera, así como la actualización urgente de la normativa minera autonómica. Así, se insta al Principado a articular un procedimiento de ayudas económicas para las víctimas y sus familias, incluyendo de forma obligatoria a los afectados por el accidente previo del año 2022.
El portavoz de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, recordó que ya en 2022 se acreditó la extracción ilegal y clandestina de carbón en Cerredo tras un accidente mortal, y lamentó que la empresa continuara operando con total impunidad hasta 2025 bajo un simple cambio de denominación social. Denunció que se extraían de forma ilegal unas 50 toneladas diarias de carbón en acopios de casi 20 metros de altura sin que la Administración se percatase, y acusó a Barbón de «auspiciar y patrocinar» recursos contra la comisión y de realizar filtraciones interesadas para debilitar el papel de la Junta General.