El fiscal pide 24 años de prisión por el caso Montepío del carbón de la era ZP
Anticorrupción fija que en 2007 el líder sindical dirigió una trama para desviar dinero del geriátrico
Villa, con ZP, se jubiló al caerle una caja de sidra en Rodiezmo.
La Fiscalía pide penas de cárcel de hasta veinticuatro años y medio de cárcel y multas que suman más de 630 millones de euros para los quince investigados por el caso Hulla, en el que se investigan las presuntas irregularidades cometidas en las obras de la residencia del Montepío de la Minería en Felechosa, en el concejo asturiano de Aller.
La Fiscalía Anticorrupción abrió la investigación en 2017 a raíz de que el exlíder del sindicato SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa —conocido en León por ser el organizador de la fiesta de Rodiezmo— y el expresidente del Montepío de la Minería Asturiana José Antonio Postigo se acogieran a la amnistía fiscal del año 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, dinero que se sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico, financiado con cargo a los fondos mineros después de que se modificase el decreto que regulaba su concesión.
Según fuentes del Ministerio Público, la mayor petición de pena por parte de la Fiscalía corresponde a Postigo, para el que interesa una pena de 24 años y medio de cárcel y una multa de más de 80 millones de euros.
Entre los acusados no figura el exlíder sindical minero, de 83 años, porque el juzgado acordó en abril de 2024 el sobreseimiento de la causa contra él por su deterioro cognitivo. Los delitos que la Fiscalía atribuye a los principales investigados son fraude de subvenciones, falsedad documental, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, delitos contra la ordenación del territorio y contra la Hacienda Público, y blanqueo de capitales.
Los responsables de la empresa constructora Alcedo de los Caballeros J.A.F. y J.C.R. se enfrentan a penas de cárcel de 18 años y medio y 16 años y medio de cárcel, respectivamente, además de una multa de 80 millones de euros para el primero y de 70 para el segundo, mientras que la solicitud para el arquitecto, M.S., se eleva a 13 años y medio de prisión y multa de 80 millones.
Además de la apertura de juicio para quince de las dieciocho personas investigadas en la causa, la Fiscalía también pide el decomiso de la residencia de mayores de Felechosa, además de varios vehículos, un inmueble y distintas cantidades de dinero afloradas en la investigación.
El núcleo de la trama corrupta arrancó en el año 2007. Era la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa y se distribuía el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón. El señuelo era la construcción de un gran complejo geriátrico en Felechosa. La maniobra comenzó en los despachos institucionales. Según la Fiscalía, valiéndose de la enorme influencia política y sindical de Fernández Villa ante el Ministerio de Industria, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) y la Mesa Regional de la Minería, los cabecillas lograron flexibilizar las normativas reguladoras. Consiguieron eliminar el límite legal del 1% fijado para las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, logrando así que el Estado financiara íntegramente (el 100%) el coste de la macroestructura planificada por el Montepío.
Según El Comercio, se han detectado partidas que se consideran inverosímiles al incluir partidas desproporcionados —como un felpudo valorado en más de 2.700 euros o dos peceras que superan los 25.000 euros—. El IRMC incluso realizó una transferencia de 27,6 millones de euros. Las cantidades infladas que se cobraban de la Administración eran distribuidas con un sistema de subcontratas y de facturación con cantidades excecidas. Una parte de ese dinero retornaba después en forma de dinero negro o de incluso efectivo a las manos de los principales cabecillas de la presunta trama en forma de comisiones ilegales. O lo que se considera la llamada ‘caja B’ de ‘Hulla’.