La Junta confía a los visores nocturnos el control de las poblaciones cinegéticas
Autoriza su uso, prohibido a nivel nacional, y convierte en voluntario el precinto digital

El director general, Ignacio de la Fuente, y el consejero. Joaquín Antonio Pino. Un ejemplar de jabalí en el monte.
Castilla y León quiere dar un nuevo impulso a su modelo de gestión cinegética con más herramientas para los cazadores y menos cargas burocráticas. El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, anunció este domingo la autorización del empleo de visores térmicos nocturnos en determinadas modalidades de caza mayor y la modificación del sistema de precinto digital, que pasará a tener carácter voluntario.
La medida sobre los visores se plantea como una herramienta para mejorar el control de determinadas poblaciones de fauna, prevenir riesgos sanitarios, reducir los daños provocados por especies cinegéticas en cultivos y explotaciones agrarias y mejorar la seguridad vial. La Junta sostiene que permitirá una gestión más eficaz en aquellos territorios donde las elevadas densidades de determinadas especies generan daños recurrentes, como es el caso del jabalí o el corzo.
El anuncio se produce pese a que la normativa estatal establece restricciones al empleo de dispositivos de visión nocturna en la actividad cinegética, por lo que la aplicación de la medida anunciada por la Junta abre un nuevo escenario regulatorio en Castilla y León.
Junto a los visores, la otra gran novedad es el cambio en el sistema de precintos digitales, puesto en marcha en septiembre del año pasado, que dejarán de ser de caracter obligatorio como hasta ahora. La Consejería defiende que estas modificaciones buscan «reducir cargas innecesarias», aportar seguridad jurídica y facilitar herramientas que permitan una gestión más eficaz de las poblaciones cinegéticas.
La Junta quiere situar además a las diez Reservas Regionales de Caza de Castilla y León como uno de los ejes de su política cinegética. Estos espacios públicos permiten ordenar los aprovechamientos, realizar un seguimiento técnico de las poblaciones y compatibilizar la conservación de la fauna con la actividad económica en las zonas rurales.
León ocupa un lugar destacado en esta red, al concentrar cuatro de las diez reservas regionales de la Comunidad, que son :Riaño, Mampodre, Los Ancares Leoneses y Omaña. Se trata de algunos de los principales territorios cinegéticos de la provincia y de espacios en los que la actividad está ligada a la gestión del medio natural y a la economía de numerosas zonas rurales.
En el conjunto de Castilla y León, la actividad cinegética se extiende por más del 88% de la superficie regional, con alrededor de 5.500 cotos además de las diez reservas regionales. La Junta considera que estas cifras sitúan a la Comunidad entre los grandes territorios cinegéticos de Europa y defiende que la caza regulada puede ser compatible con la conservación de la biodiversidad.
Incorporación al CIC
El consejero reivindicó precisamente este modelo durante la incorporación de Castilla y León al Consejo Internacional para la Conservación de la Caza y la Fauna Silvestre (CIC), formalizada junto a Aragón y Extremadura. La adhesión permitirá a la Comunidad participar en este organismo consultivo internacional y defender ante foros europeos el papel de la caza regulada como instrumento de gestión de la fauna y de desarrollo rural.
Pino insistió en que la Junta quiere reforzar la valoración social de la actividad cinegética y reconocer el papel que desempeñan los cazadores, guardas, gestores, titulares de cotos y propietarios en el seguimiento de las poblaciones y la prevención de daños.
La Consejería considera que la caza constituye además una fuente de actividad económica para numerosas comarcas, con incidencia en el empleo, los alojamientos, la hostelería y las empresas y profesionales vinculados al medio rural. Su apuesta pasa ahora por reforzar las reservas regionales y dotar al sector de nuevas herramientas para afrontar la gestión de la fauna en un territorio en el que la actividad cinegética ocupa una parte muy importante de la superficie regional.