El PP de Mansilla de las Mulas denuncia al equipo de gobierno ante Transparencia

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas ha denunciado públicamente lo que considera una reiterada falta de respuesta y transparencia por parte del equipo de gobierno municipal. Según se recoge en un comunicado, el Ejecutivo local obvia las preguntas formuladas por escrito en tiempo y forma por la oposición, una conducta que, según palabras de la portavoz popular Camino Lozano García, se ejecuta «dificultando con ello la labor de control y fiscalización que corresponde ejercer a la oposición».

El origen del conflicto se remonta a las cuestiones presentadas el pasado 14 de agosto de 2026, las cuales se ajustaban al artículo 97.7 del Real Decreto 2568/1986 (ROF) sobre el funcionamiento de las corporaciones locales. Desde el PP afirman que esta dinámica comenzó tras la moción de censura del 1 de abril de 2026 y que aplazar las réplicas al siguiente pleno resta utilidad a las cuestiones planteadas. Para la portavocía del PP no se trata de una simple discrepancia política, al tiempo que insiste la representante popular «no estamos pidiendo ningún privilegio. Estamos pidiendo que se cumpla la ley y que se conteste a las preguntas que presentamos formalmente como concejales de la oposición».

Los populares defienden que el derecho a la información de los concejales resulta indispensable para el correcto desempeño de sus funciones institucionales. En este contexto, subraya la portavoz que «la oposición también forma parte del Ayuntamiento», a lo que añade en el mismo sentido que «los vecinos tienen derecho a saber qué se pregunta, qué se responde y cómo se gestiona su Ayuntamiento. La transparencia no puede depender de la voluntad del equipo de gobierno».

Ante lo que califica como un «oscurantismo» sistemático, Lozano ha acudido al Comisionado de Transparencia de Castilla y León para que investigue los hechos, compruebe el cumplimiento normativo e inste al equipo de gobierno a ajustarse a la legalidad. Desde el Grupo Popular concluyen que la iniciativa no persigue generar confrontación, sino asegurar que se respeten los derechos de los concejales y el derecho de la ciudadanía a una administración transparente.

Esta maniobra legal ante el órgano comisionado busca frenar una dinámica que, a juicio del PP, desvirtúa la labor institucional al postergar de forma continuada las aclaraciones sobre el estado del municipio. El grupo parlamentario local enfatiza que el vencimiento de los plazos restringe la utilidad práctica del control administrativo y priva a los vecinos de información actualizada sobre la gestión del consistorio, remarcando Lozano García que la meta final de la denuncia consiste en «garantizar que se respeten los derechos de todos los concejales y, especialmente, el derecho de los vecinos a una administración municipal transparente sometida a la legalidad, y a conocer cómo se gestiona su municipio».