El alza de los costes frena la obra pública en León y obliga a la Diputación a revisar contratos

La escalada de los costes de construcción se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que la Diputación de León pueda mantener el ritmo de inversión previsto en sus carreteras. El vicepresidente primero y responsable de Infraestructuras, Roberto Aller, acompañado por el jefe del Servicio de Fomento, Ricardo Bayón, advierte de que el desfase entre los precios con los que se adjudicaron algunos contratos y los que actualmente deben asumir las empresas está provocando retrasos, contratos desiertos y la necesidad de actualizar hasta 27 expedientes por más de 20 millones de euros.

La situación contrasta con el importante incremento de la inversión provincial. «De los seis o siete millones de euros de media que se invertían en carreteras en la anterior legislatura hemos pasado a 19 millones, lo que significa casi triplicar el presupuesto», señala Aller, que lamenta que el esfuerzo económico no se traduzca al mismo ritmo en obras ejecutadas. «Tenemos el dinero y tenemos las carreteras que hay que arreglar, pero esto se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para todos», resume.

El origen del problema está, en buena medida, en el sistema de contratación pública. Aller recuerda que la legislación permitía anteriormente revisar los precios un año después de la adjudicación, una posibilidad que desapareció con la Ley de Contratos de 2015. Desde entonces, las empresas deben asumir el denominado «riesgo y ventura» y ejecutar las obras con los precios recogidos en el contrato, aunque posteriormente se produzcan fuertes incrementos de los costes.

«Como consecuencia de la guerra de Irán y del contexto geopolítico actual, los precios se han disparado de tal manera que asumir esa subida supone la ruina para muchas empresas», afirma el diputado, que reclama al Gobierno central recuperar mecanismos de revisión para las obras ya adjudicadas. «Cuando estalló la guerra de Ucrania se autorizó una revisión por la situación de los contratistas y ahora necesitamos una respuesta similar», sostiene.

Precios disparados

Los datos aportados por la empresa Coysa, en su último infome comparativo de precios, reflejan la magnitud del encarecimiento. El gasóleo A, uno de los principales costes para maquinaria, transporte y movimiento de tierras, pasó de 1,10521 euros por litro sin IVA en junio de 2025 a 1,6355 euros el 25 de agosto de 2026, un 47,98% más. El incremento repercute directamente en el funcionamiento de vehículos y maquinaria y, de forma indirecta, en el transporte de áridos, hormigón y mezclas asfálticas.

También el betún asfáltico B50/70, esencial para la conservación y pavimentación de carreteras, ha registrado una fuerte subida. Su precio pasó de 574,20 euros por tonelada en septiembre de 2025 a 781,45 euros en junio de 2026, un 36,09% más. Aunque posteriormente descendió, se situó en 721,25 euros, todavía un 28,80% por encima de la referencia de septiembre de 2025.

Para Coysa, el coste de una obra pública no termina cuando se adjudica un contrato. «Entre la licitación y su ejecución puede producirse una transformación sustancial del mercado que deje a las empresas ante la difícil disyuntiva de asumir pérdidas o poner en riesgo la continuidad de los trabajos». Por eso, desde esta empresa, ubicada en Santas Martas, se reclama «una mayor sensibilidad por parte de las administraciones ante una problemática que afecta tanto a la sostenibilidad de las empresas que ejecutan las infraestructuras como a la propia capacidad de mantener las inversiones públicas».