Pino anuncia que retomará los controles poblacionales del lobo antes de fin de año
El consejero plantea recuperar el sistema de cupos y asegura que no se frenará por miedo a los tribunales.El fallo del TSJ de Asturias que avala su caza refuerza la vía planteada por el nuevo titular de Agricultura
El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Pino.
La Junta de Castilla y León prevé retomar los controles poblacionales del lobo antes de que termine el año. El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha asegurado que su departamento ya trabaja para poner en marcha estas medidas y actuar sobre los ejemplares que provocan daños a la ganadería. «Este consejero y su equipo ya están trabajando para hacer esas medidas de control», afirmó, antes de garantizar que actuarán «con toda la determinación del mundo».
El anuncio llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias haya rechazado las medidas cautelares solicitadas por Ecologistas en Acción de Asturias y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica para suspender el programa de control del lobo del Principado para la temporada 2026-2027. La decisión permite mantener vigente el plan asturiano, que contempla la extracción de hasta 67 ejemplares, mientras se resuelve el procedimiento judicial principal. Pino considera que esta resolución refuerza la posibilidad de adoptar medidas de control.
El consejero rechazó que el temor a posibles recursos judiciales se convierta en un impedimento. «No podemos dejar de tomar medidas de control por miedo a que nos lo vayan a paralizar», señaló, y aseguró que la Junta buscará la fórmula jurídica más adecuada. «Vamos a hacerlo de la manera jurídica mejor que se pueda hacer», insistió, convencido de que otras comunidades están avanzando en esa dirección.
Pino no quiso concretar cuántos lobos deberían retirarse del medio natural, una cifra que, según explicó, deberá determinarse mediante estudios científicos y con rigor. Sí aseguró que considera excesiva la población actual por el aumento de los daños. «Desde luego que sobran muchos, porque los daños no hacen más que aumentar todos los años», afirmó. Defendió que las decisiones atiendan a los ataques y a la situación de cada territorio, con actuaciones selectivas en las zonas donde la ganadería soporta mayores pérdidas.
Como ejemplo, se refirió a Ávila, provincia de la que es originario, donde, según sus datos, hay poco más de una docena de manadas de lobos, pero se concentra más de un tercio de los daños registrados en Castilla y León. Pino cifró en más de 7.000 los animales muertos por ataques del lobo en la comunidad y advirtió de que, si se suman los casos en los que no se encuentra el cadáver, la cifra podría superar los 10.000. «Estamos hablando de más de 7.000 animales a nivel de cifras oficiales y, si sumamos los que no aparecen, estaríamos seguramente por encima de los 10.000», señaló.
La Junta pretende recuperar, cuando sea posible, un sistema similar al anterior a 2021, basado en cupos de extracción por zonas. Pino defendió que los cazadores vuelvan a tener un papel activo, en coordinación con la guardería y las poblaciones locales. «Nos gustaría volver a la situación que teníamos antes del año 2021», explicó, en referencia a un modelo en el que los cazadores podían contribuir a mantener el equilibrio de la población.
Allí donde sea posible, los controles se realizarían mediante la actividad cinegética y los cupos correspondientes. En otras zonas, la extracción podría llevarse a cabo por parte de la guardería. La intención es adaptar las fórmulas a cada territorio y reducir los daños sobre la cabaña ganadera.
Pino reivindicó el papel de los cazadores. «Queremos dignificar también al cazador, tiene su papel», señaló. El objetivo, insistió, no es eliminar al lobo, sino evitar que su población crezca sin control. «El lobo tendría que tener su espacio y estar en el medio ambiente donde tenga que estar, pero no de una manera descontrolada como está en la actualidad», manifestó.
El responsable de Agricultura defendió que las políticas públicas prioricen también a quienes viven y trabajan en los pueblos. «El ganadero tiene que volver a estar en el centro de las políticas nacionales y de las políticas agrarias», sostuvo. Pino consideró que la Administración tiene la obligación de proteger la actividad ganadera y evitar que los daños comprometan su viabilidad. La previsión de comenzar los controles antes de finalizar el año busca responder a las demandas del sector. Pino aseguró que la Junta actuará con determinación y con garantías jurídicas.