El fiscal pide prisión e inhabilitación para el arquitecto y el ex alcalde

Los hechos que han desencadenado el proceso judicial datan del mes de enero del año 1997 cuando dio comienzo la realización de las obras de reforma y reparación de la casa consistorial del Ayuntamiento roblano. Los trabajos se ejecutaron dividiéndose en fases con el fin de poder acceder al cobro de subvenciones oficiales. Dentro de la realización de la sexta fase, el informe del fiscal indica que el arquitecto municipal, Manuel Rodríguez, y técnico director de obra, presentó certificación de obra con fecha 11 de febrero de 1999 en la que se reflejaba una «serie de obras que no fueron realizadas por un importe total de 11.113.834 pesetas (66.795,49 euros)». Sin ajustarse a la verdad Ese mismo día y, «pese a la inexistencia de las obras reflejadas y con consciente conocimiento de su falta de verdad se reflejaba por el arquitecto y por el ex alcalde en un acta de recepción de obra que se había procedido al reconocimiento de las expresadas obras, que supuestamente habían sido ejecutadas por el propio Ayuntamiento, acordando efectuar la recepción de las obras para su incorporación municipal, pese a que tal recepción en absoluto se ajustaba a la verdad», reza el informe. Por parte del Ayuntamiento de La Robla se percibió el dinero por el importe de los once millones de pesetas correspondientes a la subvención de la sexta fase de las obras, que si bien no se dedicó a las partidas certificadas, si se destinó a otras partidas de la misma obra de reparación y acondicionamiento de la casa consistorial de la localidad de La Robla. Por estos hechos, el fiscal considera que procede imponer a cada uno de los acusados una pena de tres años de prisión con accesoria de inhabilitación especial para ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros (998 pesetas) e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años. Reflexión del PSOE Por su parte, el actual alcalde de IU, José Antonio Gutiérrez Colado, aseguró que por parte de la Fiscalía se les está dando la razón «cuando les llevamos a los tribunales», y pidió reflexión al PSOE «en una persona que va a ocupar un cargo público en el Tribunal de Cuentas». Colado también pidió la dimisión del concejal de Obras en funciones en aquella fecha y actual edil socialista, Luis García Fernández, que si «a lo mejor no tiene responsabilidad penal, sí la tiene política». El encargado de instruir las diligencias contra Emilio Sierra y el arquitecto municipal por los posibles desfases en las obras del Ayuntamiento es el magistrado del juzgado de Instrucción número 6 de León.