El fiscal solicita seis años de prisión para el presunto estafador del oro

En realidad, tras el juicio el fiscal tan sólo ha modificado sustancialmente sus conclusiones previas en la pena solicitada para Jacinto González que en un principio era de ocho años. Para Jesús Santos, el principal acusado en la ''estafa del oro'' ha cometido un delito de estafa porque, en primer lugar, en los negocios que llevó a cabo a primeros de la década de los noventa había «un tono inicial defraudatorio». El fiscal considera que la sociedad Cosemp, a través de la cual Jacinto González llevaba a cabo sus inversiones, «no estaba registrada en el registro civil de San Sebastián». Además, en las conclusiones se acusa a González de «publicidad engañosa» al ofrecer inversiones en oro con un 12% o un 14% de rentabilidades anuales. El fiscal también considera, a raíz de los informes periciales, que el acusado «captó unos 1.000 millones de pesetas (60 millones de euros), de los que 500 (30 millones de euros) se han diluido». Entre sus captaciones, se encuentra la de la junta vecinal de Quintanilla de Somoza, que en los años 1993 y 1994 invirtió en oro a través de Cosemp unos 865.000 euros que procedían de los beneficios obtenidos por la ubicación del campo del Teleno en Cosemp. La pedanía reclama unos 760.000. Tanto Jacinto González como los miembros de la junta vecinal que realizaron la operación fueron condenados en 1996 por la Audiencia Provincial de León por prevaricación y cohecho. Para el fiscal de la Audiencia Nacional, los actos de Jacinto González contienen los elementos que caracterizan a una estafa, como el engaño bastante, el provocar un error en otros y el ánimo de lucro. La rebaja de la pena solicitada por el fiscal coincide con la petición realizada por la defensa de Jacinto González durante la primera vista del juicio. En aquella ocasión, Jacinto González mostró su conformidad con la calificación jurídica realizada y mostró su conformidad con los hechos que se le imputaban. Se compraba poco mineral En cuanto al uso del dinero recibido, la defensa sostiene que Jacinto González utilizaba los fondos para afrontar los gastos de Cosemp y para ir devolviendo los intereses a inversores anteriores. De hecho, confesó que en muy contadas ocasiones se realizó una compra de oro. En la actualidad, mantiene que carece de liquidez y que vive «de la caridad». Por su parte, las acusaciones particulares mantendrán sus peticiones iniciales. Así, la acusación de la junta vecinal de Quintanilla de Somoza pide en sus conclusiones finales una pena de ocho años de prisión. Para los acusados Antonio Nistal (que presuntamente captó a la pedanía leonesa) y Jacinto González Mompó (hijo del principal imputado), el letrado que representa a Quintanilla, Francisco Solana, mantiene también su solicitud de ocho años de cárcel, aunque introduce en el caso de González Mompó una variación subsidiaria referida a que en el caso de que no sea condenado por estafa, lo sea por un delito de receptación. Este delito afecta a la persona que hace uso de fondos que proceden de un delito sin haber tomado parte en él. Solana pide dos años de prisión si de da este supuesto. Solana no acusa al imputado restante Pelayo Vélez. Las restantes acusaciones particulares mantienen también en sus conclusiones finales sus peticiones iniciales de condena para los cuatro acusados, que oscilan entre los cuatro y los diez años. Por lo que se refiere a las defensas, salvo la de Jacinto González, que ha logrado que el fiscal acepte su propuesta, todas solicitan la absolución.