La Junta sólo acepta nueve de las cien funciones que reclaman los municipios

La respuesta que la Consejería de Presidencia y Administración Territorial ha dado a la propuesta de descentralización de competencias presentada por la FRMP no podía haber sido más parca. Ni una sola competencia más sobre medio ambiente, agricultura o ganadería ha sido aceptada por la Junta, que tan sólo ha dado el visto bueno a ciertas funciones relacionadas con la salud pública, como el control sanitario de alimentos y bebidas o de la salubridad de las aguas, así como una mayor participación de los ayuntamientos al elaborar los programas de formación ocupacional. Esta escasa receptividad ha levantado de nuevo las críticas del PSOE, que se pregunta cómo han podido ser incluidas competencias que nadie ha solicitado, como la policía mortuoria, mientras otras tan importantes como las relativas a vivienda y empleo se han quedado fuera. El PSOE defiende que los ayuntamientos deben gestionar el 30% del conjunto de los presupuestos públicos, pero con total autonomía, algo que no se cumplirá a tenor de la respuesta que la Junta acaba de dar a la Federación Regional de Municipios y Provincias. Además, los socialistas exigen que la transferencia de competencias se realice asegurando los mismos «estándares de cobertura» de los distintos servicios para todos los territorios, algo que es considerado «un elemento extraño a la propia negociación», según consta en el informe de la Junta. Igualmente, el modelo comarcal que propone el PSOE es calificado de excluyente por la Consejería de Presidencia, que apuesta por vertebrar el territorio aprovechando las estructuras administrativas existentes, como son las diputaciones y mancomunidades. Por todo ello, los socialistas han anunciado su rotundo rechazo al Pacto Local tal y cómo se está planteando hasta el momento. La FRMP tiene previsto reunirse el próximo jueves para analizar la respuesta dada por la Junta. Mayor presencia en Urbanismo Entre las propuestas presentadas por la FRMP figuraba la participación de la Diputación Provincial de León tanto en la Comisión Regional de Urbanismo como en la ponencia técnica, algo que es rechazado en el informe de la Junta al entender que es suficiente la presencia actual de cuatro vocales en las comisiones territoriales, «teniendo en cuenta que al menos uno de los componentes del consejo debe ser el presidente de una diputación provincial y uno de los que formen parte de la Comisión Territorial de Urbanismo de León debe ser del Consejo Comarcal del Bierzo».