Europa exige que doce minas leonesas devuelvan las subvenciones

La comunicación de la Comisión Europea, que se abrirá a un periodo de alegaciones con su publicación en el Boletín Oficial de la UE, obligará a doce empresas mineras a reintegrar a la Junta de Castilla y León, y con los intereses correspondientes, ayudas por un importe de 1.905.909 euros que esta administración les concedió en los años 2000 y 2001 para financiar cargas excepcionales del pasado, actividades de I+D, acciones de protección medioambiental, cursos de formación del personal y mejoras en la seguridad laboral de las minas. La primera irregularidad de estas ayudas parte de que se concedieron sin la autorización de Bruselas. Esto es debido a que la Junta comunicó en el año 2000 las subvenciones que otorgaría hasta el 2002, y las dio por permitidas ante el silencio administrativo de la Comisión -como establece el Tratado UE- cuando en esa fecha aún estaba en vigor el Tratado Ceca, que exige una comunicación individual y positiva por parte de Bruselas. El apartado más cuantioso de las subvenciones que rechaza Europa es el de seguridad minera, donde censura diez expedientes de subvención de la Junta a diez empresas, por un importe total de 739.441 euros, por considerar que este dinero se destina a inversiones en equipamientos y en trabajos de mina que constituyen gastos de producción ordinarios, para los que advierte que ya existen líneas de ayudas a costes operativos o a reducción de actividad, que en cualquier caso le corresponden al Gobierno central. En la línea de ayudas para cubrir cargas excepcionales, la Comisión cuestiona la legitimidad de siete expedientes, por un importe global de 411.242 euros, por considerar que se destinan a cubrir costes ordinarios de la actividad de las empresas. En el capítulo de medio ambiente, el documento que suscribe la comisaria Loyola de Palacio rechaza la legitimidad de cuatro expedientes, que suman 729.980 euros, y advierte que el responsable de la contaminación por actividades mineras está claramente identificado, y por tanto las labores de restauración del entorno deben considerarse como un coste más de producción para las compañías carboneras. Sobre las subvenciones de la Junta para formación del personal minero, Bruselas rechaza cuatro expedientes, que suman ayudas de la Junta por 25.246 euros. La reprimenda de Bruselas en este caso es por el hecho de que el dinero que han recibido las empresas supera la totalidad de la inversión que han realizado para esas actividades.