La Junta repartió sus fondos mineros a partir de la plantilla de cada empresa

La Comisión Europea emitió el pasado día 13 una comunicación, a instancia de la comisaria Loyola de Palacio, en la que pone de manifiesto irregularidades en muchas de las ayudas que la Junta otorgó a las compañías mineras de León y Palencia en una solicitud conjunta de autorización europea para los años 2000, 2001 y 2002, con un presupuesto anual ligeramente superior a los nueve millones de euros. En concreto la Comisión advierte que ninguna de las ayudas fue autorizada por Bruselas, y directamente cuestiona la legalidad de subvenciones públicas para doce compañías por importe de casi dos millones de euros, además de reclamar información adicional sobre otros expedientes, por importe de otros 3,8 millones, que fueron concedidos a otras ocho compañías mineras. La comunicación advierte que las ayudas de la Junta para la industria carboneras se debe limitar a los costes derivados del cierre, a la concentración de explotaciones, a la investigación y el desarrollo, a la formación del personal o al cierre. Las irregularidades que plantea la Comisión Europea en los expedientes de subvención de la Junta se deben bien a que el dinero se ha destinado a costes operativos ordinarios de la compañías beneficiarias, bien a que la ayuda de la comunidad autónoma se superpone a otra del Gobierno central, ob un tercer grupo en el que se observa que el dinero público sobrepasa el coste de la actuación de las empresas a la que pretendía ayudar con dinero público. El proceso, a la inversa Pero ni siquiera los conceptos en los que la Junta de Castilla y León justificó ante la Comisión Europea la solicitud de las subvenciones son estrictamente reales, a al menos no constituyeron en su momento la justificación de las ayudas que recibió cada empresa individual. Varias fuentes del sector consultadas por este periódico coincidieron en confirmar que el proceso fue el inverso, de forma que el Gobierno autonómico intentó repartir el dinero del que disponía de forma proporcional al empleo que generaba cada compañía -criterio explícitamente rechazable- para después plantear la ayuda ante Bruselas como prima a los proyectos de cada una de las empresas beneficiarias que sí tuvieran cabida en alguno de los cinco criterios que acepta la Comisión. En cualquier caso, las empresas beneficiarias de las ayudas se enfrentan ahora a un riesgo elevado de tener que reintegrar a la Junta el dinero que recibieron, y con los intereses correspondientes.