La fiscalía plantea que se desestime la demanda de Núñez a tres políticos

La subvención de la discordia, destinada a accesos al pueblo de Lombillo, pedanía de Ponferrada, a cargo de las ayudas estatales para paliar las inundaciones que afectaron en febrero y marzo del año 2001 a la provincia de León, alumbró la mayoría de las declaraciones de los citados en el juicio del proceso que se inició por una demanda civil del subdelegado del Gobierno en León contra Luis Herrero (UPL), Antonio Canedo y Emilio Sierra (PSOE). Después de cuatro horas de vista oral en el juzgado de instrucción número siete de León, el ministerio fiscal propuso en sus conclusiones la posibilidad de que se desestimara la demanda de Víctor Núñez contra los políticos que criticaron el reparto de dinero público destinado a mitigar el efecto de la lluvia. El ministerio fiscal apuntó que no cabían dudas sobre el carácter público del que ocupa el cargo de representante gubernamental en León y de su relevancia en ese espacio. Entre los demandados hubo coincidencias a la hora de apreciar a la parte contraria en el proceso como un político. «No tengo nada personal en contra del subdelegado; es más, no conozco su nombre completo. Las críticas que emití se referían a los criterios de reparto; no al subdelegado», explicó ante la juez del caso Antonio Canedo, procurador autonómico y alcalde de Camponaraya en un episodio de su declaración. Luis Herrero incidió: «Hice crítica política a un representante público. No me ensañé contra una persona», apuntó el diputado provincial de UPL, que llegó a enunciar distintos significados de una palabra en el diccionario y sus aplicaciones figuradas. En la misma línea se explicó Emilio Sierra, portavoz socialista en la Diputación cuando alzó la voz contra lo que consideró un reparto injusto de las ayudas por inundaciones. El representante legal de Víctor Núñez solicitó que se estimara la demanda de su defendido, encaminada a restablecer el honor de éste, con imposición de costas del proceso, publicación en medios de comunicación de una sentencia en contra de los demandados y una indemnización a determinar por el autor de la sentencia. El proceso llegó a juicio oral después de que el demandante se ratificara en la denuncia en una vista preliminar convocada por la instrucción. Un ingeniero de caminos, un representante de protección civil y un secretario de la subdelegación del Gobierno completaron el proceso de las pruebas. Uno de los testigos declaró que 59 municipios leoneses resultaron afectados por las inundaciones en los primeros meses del año 2001.