El sindicato de Villameca denuncia ante la justicia a varios regantes
El Sindicato Central del Embalse de Villameca acusa a los representantes de Toral de Fondo en la entidad de «falta de información» para con sus vecinos respecto a «la gestión realizada y los acuerdos alcanzados» para la realización de la obra Recrecimiento del Reguero del Monte. En un comunicado, el sindicato confirmó haber denunciado ante la justicia a algunos de los regantes de Toral por diversos hechos ocurridos durante los días en los que los últimos expresaron con diversas acciones de protesta su rechazo a pagar el porcentaje correspondiente de las obras. El sindicato, que por primera vez expuso su versión del conflicto, hizo público su acuerdo de mantener la prohibición de riego a la agrupación de Toral, de «arbitrar los medios para clausurar las tomas por las que esa agrupación deriva agua desde la zaya de Toralino», y «eliminar las compuertas que han colocado en dicha zaya , cuya legalidad es, al menos, dudosa», señala la nota. En la sesión en que fueron adoptadas estas decisiones se abstuvieron los representantes de Toralino de la Vega y Santa María de la Isla, y parte de la junta de gobierno de la entidad cuestionó «si la Agrupación de Regantes de Toral de Fondo debería seguir perteneciendo a este sindicato». Desde 1998 La entidad precisó también en su nota que, desde el año 1998, los sucesivos representantes de Toral en el sindicato -Andrés Falagán y Paulino Seco- apoyaron en las reuniones correspondientes realizar la obra y permitir la incorporación al proyecto de las comunidades de regantes que lo desearan. El sindicato añadió que, respecto al revestimiento del Cauce General de San Félix de la Vega, los pueblos afectados acordaron que las hectáreas directamente beneficiadas de San Félix, Villarnera, Santibáñez de la Isla, Toralino y Toral «pagarían, todas por igual, la cantidad de 220,89 euros, distribuidos en cinco años». La entidad añadió que la canalización del Reguero de La Tablada y de la toma del Molino de Toralino beneficia a 229,39 hectáreas de Toral y a «41,74 de Toralino de la Vega y 33 de Santa María de la Isla, pagando todas igual: 181,29 euros por hectárea distribuidos en cinco anualidades». El sindicato aseguró que, durante el proceso por el cual los regantes de Toral mostraron su oposición al pago de las obras, se produjeron «insultos, amenazas, llamadas telefónicas anónimas y alguna otra broma de mal gusto, como la de enviar un ataúd a casa del presidente», Maximino Posada.