El PP amenaza con un proceso contencioso por los presupuestos

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Astorga advirtió de que podría iniciar un proceso contencioso administrativo en el caso de que el Pleno no apruebe en el plazo de un mes las alegaciones que presentaron ayer a los presupuestos municipales de 2004. El edil Ángel Iglesias explicó que el grupo encontró cuatro «defectos de forma» a las cuentas. Iglesias señaló: «Estaríamos dispuestos a ir a un contencioso», aunque matizó: «Esperamos que, si el PSOE y la UPL ven que nuestras alegaciones son correctas, las aprueben sin más». El edil justificó dichas alegaciones, pese a que el PP abandonó el pleno de aprobación de las cuentas, en que sus objeciones responden a cuestiones técnicas. El grupo consideró que el Ayuntamiento no adjuntó los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades Mafricas S.A. y Polígono Industrial de Astorga S.L., gestoras, respectivamente, del matadero y el citado recinto empresarial, y compuestas por mayoría de capital municipal. Además, reclamaron que el anexo de las inversiones que el municipio realizará en este ejercicio especifique el año de inicio y el de finalización previstos, el tipo de financiación, la vinculación de los créditos asignados y el órgano encargado de su gestión. Formación insuficiente El PP estimó que el informe económico-financiero presentado ante la corporación «adolece de esa formación suficiente para conocer adecuadamente las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios». Por ello, exigen justificación de las causas que han conducido a cifrar el presupuesto en las cantidades con las que aparece. Finalmente, el grupo solicitó que la memoria suscrita por el presidente de la corporación y que explica el contenido de las cuentas y las principales modificaciones que experimentan en relación con las anteriores sea adjuntada al presupuesto, ya que su falta «podría constituir un defecto gravísimo» al privar al Pleno «de los elementos de juicio necesarios para la formación de la voluntad corporativa».