La jueza condena a treinta y dos meses de prisión a cada uno de los regentes del geriátrico de Incovasa

La jueza titular de Juzgado de lo Penal número 2 de León ha condenado al matrimonio que regentaba un geriátrico ilegal en la calle de Severo Ochoa de La Bañeza, en la zona conocida como barrio de Incovasa, por cuatro delitos contra la integridad moral, penados, cada uno de ellos, con ocho meses de prisión, si bien les absuelve de las cuatro faltas de lesiones que había pedido para ellos el Ministerio Fiscal. La magistrada absuelve también de los delitos y faltas que se imputaban al médico que atendía a los ancianos de la residencia ilegal, para el que se había pedido la inhabilitación profesional. Las actuaciones judiciales se inician en mayo de 2003, cuando un auto judicial ordena la entrada en los pisos, en los que en ese momento se alojaban cuatro ancianos que eran «enfermos crónicos» de diferentes dolencias por las que no recibían «ni el necesario tratamiento médico, ni la adecuada dieta alimenticia, ni los más elementales cuidados que su estado de salud precisaba», así como el hecho de que la residencia fuese clausurada por la Junta ya en noviembre de 2001, tras comprobarse en una inspección que el centro funcionaba sin autorización administrativa, motivo por el que se les impuso una sanción de unos 3.000 euros. Pese a ello, en los fundamentos jurídicos de la sentencia, se cita que el matrimonio acusado «hizo creer a la Administración que ya no quedaba ningún anciano en la misma, y quizá por la negligencia de la propia Administración, que no desconocía del todo que había ancianos que seguían con los acusados [...], siguieron dedicándose de forma anómala al cuidado» de los mayores sin disponer de «los medios materiales y de personal necesario y cualificado». También se reconoce que entre los residentes y sus familias y la pareja existía una «relación contractual de arrendamiento de servicios». «Grave vejación» La jueza estima que el trato que recibían los ancianos en este piso «supone una grave vejación, humillación, desprecio y falta de respeto hacia los mismos». También se dice que los residentes que se encontraban en el geriátrico clandestino en mayo de 2002 «con una conciencia y una voluntad muy limitada, muy probablemente no eran conscientes de la situación en la que estaban viviendo y del abandono al que se les sometía, tanto en su alimentación como en su higiene personal y los controles y cuidados que estaban obligados a proporcionarles los acusados por la relación contractual que les vinculaba con ellos. Ante la posibilidad de que se haya presentado un recurso contra esta sentencia, este periódico intentó contactar ayer con el letrado que de los condenados, sin lograrlo.