Diario de León

Suárez Pastor asegura que el fallo refuerza la postura de los populares

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El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Villablino, José Luis Suárez Pastor, aseguró ayer que la sentencia de paralizar el sector Feixolín viene a ratificar «la postura que ha defendido durante años el Partido Popular». De hecho, Suárez Pastor insistió en que la corta acumulaba un gran número de irregularidades e ilegalidades, entre las que destacó la falta de licencias, tanto de carácter medioambiental, de impacto y permisos, como de licencia de obras urbanísticas. Los populares han formado coalición con Izquierda Unida para gobernar en el Ayuntamiento lacianiego y el actual alcalde, Guillermo Murias, en uno de sus primeros mandatos, fue el que autorizó la explotación de la corta a cielo abierto. En este sentido, el concejal de Medio Ambiente señaló que el Ayuntamiento «debe escuchar y esperar a las indicaciones de la sentencia definitiva». A pesar de ello, el edil remarcó que las posturas de ambos partidos son claras y, de momento, «no es motivo para la división», además, el edil popular apuntó que Murias había decidido acatar la sentencia, aunque de momento está estudiando el asunto con asesores jurídicos. En relación a la situación de los 80 trabajadores del sector de Feixolín, Suárez Pastor señaló que en caso de que se cerrara la corta «la MSP es una empresa lo suficientemente grande para poder recolocar a sus empleados». Consecuencias sociales «Feixolín es una explotación que nunca ha sido legal, ha habido mucho tiempo para regularizar esta situación, y aún así se continuó con la corta sin tener en cuenta las consecuencias sociales y ambientales que implicaba», remarcó el concejal popular. El concejal popular de Medio Ambiente, José Luis Suárez Pastor, apunta que tiene «un papel esencial, ya que es la que tienen que autorizar las licencias que concede el Ayuntamiento». Además, el concejal popular también apuntó que la administración autonómica ha «mirado para cualquier sitio menos para este, eludiendo sus responsabilidades», en el terreno de explotaciones mineras y de normativa urbanística. Oídos sordos «La Junta de Castilla y León ha consentido cosas que no tienen justificación», declaró, alegando que desde que en 1986 comenzaron las gestiones ha habido mucho tiempo. Suárez Pastor apuntó que aunque la corta no comenzó a explotarse hasta 1995 durante casi una década Feixolín dio que hablar. De hecho, el concejal del Partido Popular señaló que en el año 1994 se modificó el Plan General de Ordenación Urbana para consentir la apertura y en 1998 comenzaron las denuncias.

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