Diario de León

Las tarifas no subirán, inicialmente, y sólo se contemplarán los gastos de depuración

El Ayuntamiento crea una tasa de aguas que excluye a seis localidades

El equipo de gobierno analiza si gestionará el servicio o será contratado a una empresa privada

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Cristina Vergara - corresponsal | villablino
León

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El Ayuntamiento de Villablino comenzará a cobrar en los próximos meses la tasa por depuración de aguas, una medida de la que quedarán exentos los vecinos de Lumajo, Rabanal de Arriba, Rabanal de Abajo, El Villar de Santiago,Llamas y Orallo, localidades que no vierten sus aguas al emisario que va a la planta depuradora. Así lo anunció la mañana de ayer el teniente de alcalde del consistorio lacianiego, José Luis Suárez Pastor, después de que el pasado miércoles la planta de tratamiento de aguas residuales de Villablino fuese entregada por la empresa contratista a los técnicos de la Junta y por consiguiente al Ayuntamiento de la capital de Laciana. En los próximos días está previsto que se pongan en marcha la ordenanza reguladora y la fijación de la tasa que establece los criterios para el funcionamiento de la planta depuradora. Posteriormente el equipo de gobierno estudiará si va a abordar la gestión directa del servicio o por el contrario será contratado a través de una empresa privada: «Somos conscientes de que las instalaciones tiene la suficiente complejidad que nos hacen ver con incierto escepticismo si realmente seremos capaces de afrontar su gestión o tendremos que acudir a una empresa especializada que se haga cargo del misma. Es una decisión que estamos valorando», explicó el edil del PP. José Luis Suárez Pastor aclaró tajantemente que «las tasas de agua no van a subir. Su precio será directamente proporcional al consumo del agua y lo que sí va a aparecer es la tasa por depuración aunque aun no hemos decidido si se va a recaudar conjuntamente con la tasa de basura o por separado».La tasa, según Suárez Pastor, permitirá cubrir el coste de funcionamiento de la planta depuradora que se estima en 360.000 euros, «lo que requiere un esfuerzo de costes que los ciudadanos van a tener que asumir».

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