El Ayuntamiento paga 90.000 euros y La Prohida levanta el corte de luz

A las nueve de la mañana de ayer se comenzó a restablecer el suministro eléctrico en los inmuebles municipales que estaban sin luz desde el pasado lunes como consecuencia del impago del Ayuntamiento de Villablino a la empresa La Prohida Distribución Eléctrica, S.L. La casa de cultura, el polideportivo y los consultorios médicos de la comarca afectados por el corte recobraron la normalidad a primera hora de la mañana de ayer, mientras que los colegios pudieron disponer de luz y calefacción después de la primera hora lectiva. El pago de 90.000 euros (50.000 correspondientes al pagaré pendiente de septiembre del 2005 y 40.000 euros a mayores) realizado por el consistorio a primera hora de ayer permitió resolver el problema y restablecer el suministro de energía eléctrica. Así lo habían acordado el regidor lacianiego, Guillermo Murias, y los responsables de la compañía eléctrica en la reunión que mantuvieron la noche del lunes. El edil de IU pidió disculpas a todos los ciudadanos afectados por el corte de luz, a la vez que aseguró que «se van a adoptar todas las decisiones para que no se vuelva a repetir la situación». Asimismo, criticó que La Prohida Distribución Eléctrica cortase la luz en la nave de bomberos y en los consultorios médicos, porque, a su juicio, «no se ajusta a la legalidad», indicó. Por su parte, la compañía eléctrica argumentó su actuación, afirmando que «se cortaron los puntos autorizados por Industria, manteniendo los servicios esenciales que dicta la ley, como alumbrado público o las dependencias de la Policía Local, motivo por el que no se cortó la luz a la casa consistorial». Guillermo Murias acusó además a la portavoz del PSOE, Ana Luisa Durán, de incrementar en 200.000 euros la deuda con la empresa de electricidad, así como de «mentir e intoxicar a los ciudadanos» al asegurar que durante la etapa socialista en el Ayuntamiento abonaron los pagarés que negoció el alcalde y 120.000 euros a mayores. El regidor de Villablino recordó una vez más la difícil situación económica de las arcas municipales y anunció que el equipo de gobierno elaborará un plan de pagos para hacer frente a los acreedores. En este sentido explicó, que van a llevar a la practica las medidas de gestión económica que refleja la propuesta de informe emitida por el Tribunal de Cuentas, advirtiendo que «si ello supone recortes de personal o un expediente de regulación de empleo, pues se pondrá sobre la mesa». El Tribunal de Cuentas remitió al consistorio la semana pasada una propuesta de informe, con un plazo de 30 días para presentar alegaciones y remitir la documentación que considere oportuna antes de que se emita el informe definitivo.