Una docena de pedanías del Sil unen fuerzas para exigir a Uminsa y a la Junta que se cumpla la ley
Juvesil inicia una cruzada contra la contaminación de las escombreras
Los vecinos denuncian el mal estado del agua y el aire, que se traduce en «más cánceres»
La secretaria de Juvesil, Isabel Rodri, el presidente Aniceto López, y el tesorero, Manuel Martínez
La asociación de Juntas Vecinales del Sil (Juvesil) echa a andar con la participación de una docena de entidades con el objetivo de tratar de atajar la contaminación que producen las escombreras de las empresas mineras de la zona. Las juntas vecinales pertenecientes a los municipios de Páramo del Sil, Toreno y Palacios del Sil agrupan a 6.000 vecinos, que según el presidente de Juvesil, Aniceto López, «muy pronto aumentarán en número, debido al interés que ha despertado la iniciativa». En Villablino y Fabero, por ejemplo, también se sienten muy identificados con esta problemática. Los responsables de la asociación se hacen eco de las denuncias vecinales contra las distintas escombreras que utiliza la empresa minera Uminsa, y que en palabras de Aniceto López, «son las causantes de que en muchas ocasiones el aire contenga cantidades excesivas de polvo, se filtren distintos tipos de sustancias al agua o el número de cánceres tenga una prevalencia mayor a la media nacional». Los directivos de la asociación no acaban de entender las campañas de la administración que fomentan el turismo rural, debido a que en el momento que accede al lugar el visitante se encuentra con un entorno que no cumple las condiciones mínimas para disfrutar del mismo. «No se puede contaminar el río, tener las escombreras sin restaurar y luego vender una política de turismo rural», esgrimió Aniceto López, quien es optimista en relación con una solución al problema, «si todos permanecemos unidos». Apartados de ideologías políticas, los representantes de las juntas vecinales esperan que Uminsa y la Junta se hagan eco de sus demandas, ya que de no ser así, optarán por la vía judicial. En enero del 2004, un total de 32 juntas vecinales se dirigieron mediante un escrito al presidente de Uminsa, Victorino Alonso, solicitándole la clausura y restauración de las escombreras, a lo que hizo caso omiso. En septiembre del 2005 su requerimiento se trasladó a la delegación de Medio Ambiente de la Junta, donde tampoco se resolvieron sus inquietudes. El vecindario no está en contra de la minería, pero aboga por que se respete la ley y se haga efectiva la máxima que reza que «el que contamina paga», o en su defecto se restauren las escombreras.