El circuito dispone ya del estudio de impacto ambiental que exige la ley El PP exige la recalificación de los terrenos

El alcalde de La Bañeza, José Miguel Palazuelo, presentó ayer en rueda de prensa el estudio de impacto ambiental del circuito de velocidad de La Bañeza, con el que se pretende salvar el obstáculos de la zona de especial protección para las aves (Zepa) en la que se encuentra el enclave elegido para la instalación deportiva. Tras una primera parte que desechó la Junta de Castilla y León al carecer de la firma de un equipo homologado, el estudio de impacto que presentó ayer el socialista Palazuelo -acompañado en la rueda de prensa por el secretario de la agrupación del PSOE en la ciudad y concejal de Hacienda, Tomás Gallego, y el también edil y diputado provincial, Luis Pérez-, llega firmado por la empresa Melissa, S.A. «homologada por la Junta de Castilla y León, como es preceptivo por ley» con la referencia MEL-1995192730. Firman el estudio como miembros acreditados un licenciado en Biológicas y dos doctores en Ingeniería de Montes, mientras que aparecen como miembros asesores los autores de la primera parte: el biólogo Ángel Jaramillo y el ingeniero José Antonio Rodríguez. Palazuelo señaló que el documento «es uno de los pasos más importantes en la tramitación del proyecto del circuito» y anunció que o bien solicitará una entrevista previa «en la Junta de Castilla y León, para presentarlo junto al equipo redactor y luego entregarlo en el registro o quizá esperemos a tener redactado el proyecto básico y, entonces, presentemos ambos a la vez». El regidor bañezano solicitó la colaboración del Ejecutivo castellano y leonés «para salvar los escollos que se puedan presentar en la tramitación y que, de hecho, se presentarán». La reunión del CSD El alcalde también se pronunció sobre la reunión del miércoles con el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Jaime Lissavetzky, y señaló que lo importante del encuentro no es que el Estado contemple 500.000 euros en los Presupuestos Generales del año que viene, sino que el Gobierno central apuesta con hechos y no con palabras por el circuito». Palazuelo también consideró importante el contacto entre Lissavetzky y la consejera de Cultura, Silvia Clemente: «Por primera vez, existen contactos entre ambas administraciones», apuntó. Palazuelo anunció que «para que no se vea que arrimamos el ascua a nuestra sardina, voy a pedir una reunión con Silvia Clemente para informarle del asunto, porque el circuito de velocidad ni quita ni da el Ayuntamiento de La Bañeza en unas elecciones locales, por tratarse de una infraestructura que supera el ámbito municipal. Un político puede comprometerse a trabajar por el circuito o por un hospital, pero no puede prometerlo, porque carece de capacidad para hacerlos», sentenció. «Espíritu de unidad» Junto con el espaldarazo del CSD, Palazuelo agradeció y recordó «la visita del consejero de Fomento, Antonio Silván, en la que, además de apoyar la alubiada, comprometió el respaldo de la Junta, en este salón de plenos, al proyecto del circuito» para subrayar «el espíritu de unidad que debe mover a los políticos bañezanos en el intento por conseguir la instalación». En un comunicado de prensa, el procurador del PP por León José Manuel Frade considera «imposible» que en el mes de abril de 2007 se licite el proyecto del circuito, puesto que el equipo de Gobierno del PSOE en el Consistorio no ha recalificado aún los terrenos «ni tampoco se ha realizado el estudio de impacto ambiental» (el comunicado se envió antes de la presentación de éste). «Creemos que el Ayuntamiento de La Bañeza está intentando dilatar lo máximo posible los plazos», manifiesta Frade, según el comunicado, en el que acusa al alcalde de La Bañeza de «mentir a los ciudadanos. Aún recordamos como aseguró que tendría el estudio de impacto ambiental en el verano de 2006, cuando estamos a mediados de octubre y no hay absolutamente nada, salvo un intento de estudio sin homologar». El PP estima que el Partido Socialista «no quiere cumplir lo que le exigió el Gobierno de Juan Vicente Herrera, que pasa necesariamente por firmar un convenio con la Junta de Castilla y León».