Diario de León

Villablino | La empresa minera anuncia que iniciará un Expediente de Regulación de Empleo si se paraliza la corta

MSP amenaza con llevar al paro a los 180 trabajadores de El Feixolín

El comité apuesta por trasladar a los mineros del cielo abierto y no mover a los de interior

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Vanessa Araujo - corresponsal | villablino
León

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Ante la orden de paralización inmediata del juzgado contencioso administrativo número 2 de León de la corta a cielo abierto de El Feixolín, la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) anunció ayer «que los 70 trabajadores que realizan la restauración de la corta y los 110 mineros de los grupos subterráneos y de los servicios de las minas, cuyo trabajo no puede mantenerse sin el de aquellos, hayan debido ser incluidos preventivamente en un expediente de regulación de empleo». La empresa minera asegura, a través de un comunicado, que 70 personas llevan más de diez meses trabajando en las labores de restauración y cierre definitivo de la corta a cielo abierto, cumpliendo ya un 60% de lo especificado en la resolución judicial de mayo del 2006. MSP ataca directamente a la Junta de Castilla y León asegurando que «no ha sabido informar al juez de que la única forma de restituir el perfil original del paraje y garantizar la estabilidad de la tierra vegetal y de la restauración es rellenar el hueco de corta tal como se especifica en la resolución, con los tres millones de estériles procedentes del hueco inicial de Ampliación de El Feixolín». MSP asegura también que es la Junta la que debe de garantizar «la continuidad de la actividad minera en la comarca». Movilizaciones El presidente del comité de empresa, Francisco Aller, señaló, tras la reunión que mantuvo con los directivos de MSP, si la empresa cumple con el expediente de regulación tomarán medidas al respecto. En este sentido, el comité de empresa propuso a la MSP «trasladar a los trabajadores del cielo abierto a otras cortas y no involucrar a los de mina de interior». Aller insistió en que los trabajadores nada tienen que ver en la situación en la que se encuentran las cuatro partes afectadas de la explotación, ya que son responsabilidad de la Junta de Castilla y León y de la empresa.

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