Respuesta de la empresa

MINERO SIDERÚRGICA DE PONFERRADA, SA ha hecho todo lo que ha estado en su mano para terminar los trabajos de cierre del Feixolín, pero que no ha sido posible acabarlos en diez meses. La paralización de estos trabajos de restauración, instada por el alcalde cuando estaban completados al 60%, es la única causa de la pérdida de los puestos de trabajo. Es evidente que los empleos desaparecen si la minería desaparece. Desea también constatar que durante todo este tiempo ha sido objeto de extorsión, primero por el propio alcalde, que entre 1995 y la actualidad cobró 500 millones de pesetas a la Sociedad a cambio de las licencias municipales de las explotaciones a cielo abierto y que no tiene ningún reparo en asegurar públicamente que si no es a cambio de más dinero no autorizará más cortas. Estos hechos constituyen un delito de prevaricación, puesto que el otorgamiento de una licencia es un acto reglado: el ayuntamiento está obligado, previas las comprobaciones que procedan a otorgar la licencia, y no se puede coaccionar a una empresa exigiéndole dinero a cambio de realizar un trámite obligatorio por ley. Después, MSP ha sido extorsionada por el inductor de la denuncia judicial, Antón Arias Tronco, inicialmente en 1996 cuando pidió un precio por su finca diez veces superior al valor de mercado y luego hace un año cuando ofreció retirar la demanda por un millón de euros. Es una indignidad calificar de ilegal una mina que ha contado con todas las autorizaciones industriales y ambientales de la Junta de Castilla y León, que es el organismo competente, durante los casi doce años que ha estado en actividad. La corta es perfectamente legal y no ha incurrido ni en delito ambiental ni en falta siquiera: la causa de la paralización es un defecto en la tramitación que el ayuntamiento hizo de una licencia urbanística. MSP ha demostrado documentalmente al comité de empresa que inició hace más de cuatro años el procedimiento de autorización de la ampliación del Feixolín y que la Junta de Castilla y León no llevó a cabo ninguna gestión desde enero de 2004 a noviembre de 2006, porque no lo consideraron conveniente a sus intereses, en una dejación gravísima de sus responsabilidades que son la ordenación minera y la continuidad de las explotaciones en el tiempo. La corta Ampliación del Feixolín cumple rigurosamente con la legislación ambiental nacional y comunitaria y es compatible con las condiciones de protección del paraje. Sucede que la legislación ambiental comunitaria es compleja y algunas personas con fines espúreos escandalizan a la opinión pública con inexistentes amenazas de agresiones apocalípticas y gravísimos riesgos, únicamente para sacar dinero de sus extorsiones. La Junta de Castilla y León ha cometido dos errores graves: primero, no informar al juez que los trabajos de cierre iban a durar 25 meses, sabiendo que era imposible realizarlos en diez meses. El segundo, no contestar al juez cuando éste le pidió que presentara un proyecto de restauración e indicar vagamente que unos proyectos tenían unos problemas y otros otros, sin proponer una solución específica. La responsabilidad de la paralización de los trabajos de cierre es de la Junta, por cometer tales errores, y del alcalde, por mantener su actitud de extorsión de la empresa. En el momento presente, la única solución para asegurar el mantenimiento de la actividad minera en la comarca es que la autoridad minera y ambiental comunique al juez la realidad: los trabajos de cierre de la corta requieren el tiempo especificado en el proyecto de cierre.