Valderrey | La formación esperará a conocer el resultado de la investigación de los cobros para el médico
El PP no tomará por ahora medidas contra su portavoz municipal
El partido exigirá al edil que aclare por escrito la recaudación de dinero en Barrientos
El portavoz municipal del PP, tercero por la izquierda, durante el último pleno en Valderrey
El Partido Popular de León no adoptará por el momento ninguna medida sancionadora contra su portavoz municipal en Valderrey, David Martínez, presidente en funciones de la gestora de Barrientos, según confirmó a Diario de León el secretario provincial del partido, Eduardo Fernández. Éste indicó, no obstante, que la formación solicitará a su edil aclaraciones por escrito de las circunstancias en las que se produjeron las supuestas recaudaciones de dinero para entregar al médico durante la pasada legislatura, y el gasto, si lo hubo, de dichos fondos. Fernández indicó que el partido contrastará las explicaciones que facilite su edil «con lo que resulte probado del expediente». En este sentido, cabe recordar que el equipo de gobierno de Valderrey ya anunció su intención de poner estos hechos en conocimiento de la fiscalía y de la propia Administración autonómica, para que ambas entidades aclaren si son sancionables penal o administrativamente. Además, el propio Fernández, en calidad de delegado en León de la Junta, anunció que esta institución abrirá un expediente informativo o sancionador, según las circunstancias, en cuanto reciba la documentación del consistorio. Los estatutos El secretario provincial, que indicó que los estatutos del partido no permiten actuar de manera distinta a la antes mencionada e «ir más allá del expediente», indicó que el PP dará a su concejal la oportunidad de que explique su gestión al frente de la gestora ante los órganos correspondientes del partido. En este sentido, Fernández resaltó que «por el momento, rige el principio de presunción de inocencia» en referencia a la actividad del presidente de la gestora durante la pasada legislatura, hasta que no sea una instancia pública la que determine si hubo o no irregularidades, dijo. Además, Fernández indicó que, si finalmente queda demostrado que no hay responsabilidad penal, los hechos pueden ser estudiados por la vía administrativa por el Consejo de Cuentas de Castilla y León.