Los residuos hallados en una nave están vinculados a una red ilegal

El hallazgo de las balas de residuos almacenadas de forma ilegal en una nave industrial de San Martín del Camino coincide con la forma de actuar de las redes internacionales de tráfico de residuos, una práctica extendida desde hace unos doce años y que responde a la necesidad de países con altos costes de tratamiento de residuos de deshacerse de los mismos en otros estados donde los gastos son mucho menores. Según ha podido saber este periódico, este es el punto de partida de la investigación judicial abierta en torno a la denuncia del propietario de la nave, B.M.G., que desde hace más de un año almacena hasta cuatro mil toneladas de basura de origen alemán que fueron depositadas allí por los arrendatarios del recinto en otoño del 2006, antes de desaparecer. La forma de actuar de estas bandas consiste en garantizar a las empresas que sus residuos serán tratados de forma adecuada en el país de destino pero con un coste hasta un ciento por cien inferior a lo que le costaría en el país de origen. El negocio se convierte en ilegal cuando los contrabandistas abandonan la carga sin que reciban el tratamiento adecuado, como ha ocurrido en el caso desvelado por este periódico en su edición de ayer. Una de las prácticas más comunes es alquilar estas naves y, tras depositar en ellas los residuos, prenderles fuego para hacer desaparecer el contenido y el continente. Paralelamente a la causa judicial abierta, existe el problema del tratamiento de estos residuos que, según fuentes jurídicas medioambientales consultadas por este diario, es competencia de la Junta de Castilla y León. En palabras de los consultores medioambientales, la Junta «tiene la obligación de actuar de forma inmediata en el momento en que tiene conocimiento de la existencia de esos residuos, primero procediendo a su precintado y la caracterización del tipo de residuos almacenados y para después someterlos al tratamiento específico que les corresponde», tal y como se recoge en la Ley de Prevención Medioambiental de Castilla y León. Las fechas no coinciden Según fuentes de la investigación, el informe denuncia emitido por el Seprona sobre los residuos -que aún permanecen en la nave sin ningún tipo de precinto año y medio después de su almacenaje- fue entregado a la Junta en mayo del 2007, aunque fuentes de la delegación territorial de León aseguran que la notificación de la Guardia Civil se hizo efectiva el pasado diciembre y que el trámite se encuentra a la espera de la ratificación de la denuncia por parte del instituto armado. El siguiente paso, según la Junta, es abrir un expediente sancionador que supondría una multa de hasta 6.000 euros para el propietario de la nave, una circunstancia incomprensible, según las fuentes jurídicas consultadas, ya que el dueño de la nave ha presentado una denuncia sobre los hechos alegando que esos residuos no son de su propiedad por lo que, en función del principio de culpabilidad, la administración autonómica no podría actuar contra él. Lo que no está previsto, según fuentes de la Junta consultadas ayer, es la evacuación y el tratamiento de los residuos, a pesar de que, según la legislación, la actuación de la administración debería haber sido inmediata, sin perjuicio de que se conserven muestras de los residuos destinadas a la investigación judicial del caso, que se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción número dos de Astorga.