El Ayuntamiento se enfrenta a una deuda sin justificar de 600.000 euros

El Ayuntamiento de Villablino posee una deuda con el Instituto del Carbón por un importe superior a los 600.000 euros, según anunció la alcaldesa, Ana Luisa Durán, en el pleno celebrado el pasado jueves. Este descubierto pertenece a las distintas obras realizadas en la Casa Lacianiega con un montante de 286.000 euros, al matadero municipal por un importe superior a los 122.000 euros, junto con el museo etnográfico de Sierra Pambley por un valor de más de 192.000 euros y el centro ocupacional de Asprona con un montante de 5.406 euros. Según la regidora, estas obras fueron financiadas por el Plan del Carbón, que debido a algún motivo «no se justificó ni se reintegro», lo que conllevo a la pérdida de estas subvenciones y el tener que abonar el importe de las mismas, desde el año 1997 hasta el 2000. Actualmente, la deuda se encuentra en vía ejecutiva, lo que supone que el consistorio deberá hacer frente a ese importe o realizar un plan de pagos en el periodo de un mes, ya que sino se realiza, el ayuntamiento pasaría a ser deudor por procedimiento de reintegro, lo que conlleva que se quedaría exento en la ley general de subvenciones. Asimismo, Ana Luisa Durán afirmó que esta situación pone en serio peligro la institución municipal y que por el momento no se han encontrado soluciones a este problema. Por otra parte, el grupo político Los Verdes presentó tres mociones. Una de ellas, referente a la realización de un análisis químico del agua de todos los municipios que componen la comarca de Laciana, la cual fue secundada por ocho concejales pertenecientes a dicha fuerza política, Izquierda Unida, y PAL, mientras que el Partido Socialista se opuso con seis votos. Además, las dos mociones restantes fueron apoyadas por unanimidad donde se señalaba la inclusión de Villablino a la Red de Ciudades por el clima, así como la adhesión del consistorio a la Asociación Estatal de Inmigrantes Refugiados en España. El equipo de gobierno, presentó una moción sobre la sensibilización de la violencia de género, y el apoyo a la adopción de medidas para luchar contras esta lacra la cual fue apoyada por todos los presentes. Respecto a la cesión de uso de bien inmueble destinado al centro de formación de Comisiones Obreras en la pedanía de Caboalles de Arriba se decidió por unanimidad que fuera un plazo máximo de 20 años, tal y como marca el informe jurídico que se llevó a cabo. Durante este pleno, la alcaldesa anunció que se había firmado un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente por un importe total de 177.000 euros para un proyecto que incluye espacios verdes, gestión del agua, elaboración de cartografía y tratamiento de lodos. La fuerza política que faltó en el pleno del pasado jueves, fue el Partido Popular.