La Robla | El TSJ ha instado a que se saldara la obligación en seis ocasiones desde que dictó sentencia firme
Una empresa reclama una deuda al Ayuntamiento desde hace 16 años
El débito inicial de 78.600 euros alcanza los 140.000 debido a los intereses y las costas
la robla / redacción
Sonríe con amargura al comentar la noticia sobre la reducción del plazo en el pago de la obra pública que certifique la Junta. Su lucha no va con la Administración autonómica, sino con el Ayuntamiento de La Robla, con el que el constructor José Luis Alonso González lleva desde noviembre del 2000 en pleitos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) por parte del importe de cinco obras que su empresa ejecutó en la cabecera municipal y en las pedanías de Sorribos y Llanos de Alba.
José Luis Alonso Construcciones, S.A. ejecutó las obras cuando el dinero aún se contaba en pesetas y el socialista Emilio Sierra ocupaba la Alcaldía roblana. La deuda se reconoció en Pleno por primera vez en 1992 y el consistorio no ha negado nunca su existencia. «¡Hace dieciséis años!», señala con incredulidad el empresario que no entiende cómo el Ayuntamiento de La Robla no atiende los requerimientos de la más alta instancia judicial de la comunidad autónoma.
De las 24.313.235 pesetas (algo más de 146.000 euros) que debía cobrar la empresa por los trabajos -”una captación, la canalización de un arroyo, la mejora al hogar del pensionista, un bacheo general de calles y el asfaltado de la de El Cañuco-” la adjudicataria cobró 11.525.820 pesetas (casi 69.300 euros), quedando pendientes de cobro 12.789.415 pesetas, 76.847,90 euros, que, siempre según la representación legal de la constructora, generan unos intereses de 15.320 euros hasta el momento en el que se interpuso la demanda, en el año 2000, más los que generó desde entonces, hasta el punto de que la defensa de la empresa solicitó a principios de enero a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ el abono 139.936,96 euros, en los que se incluyen los gastos por el proceso más las costas.
El letrado de la sociedad mercantil ha llegado a solicitar embargo de bienes de titularidad municipal e incluso de las subvenciones de otras administraciones e ingresos como la participación en los tributos del Estado. Además, el hecho de que la sala haya solicitado el cumplimiento de la sentencia hasta en seis ocasiones lleva al letrado a solicitar que se impute al regidor un delito de desobediencia.
Facturas reconocidas
El Ayuntamiento de La Robla reconoció las facturas objeto de la reclamación en cuatro ocasiones (1992, 1995, 1996 y 1998) antes de que Construcciones José Luis Alonso, S.A. La empresa atraviesa una mala situación y su propietario se plantea el cierre. Y todo porque las administraciones «nos ahogan con gastos financieros».