La mitad de los afectados del centro de FP rechaza hacer más exámenes
Los 55 damnificados con abogado común anuncian que exigirán responsabilidades a funcionarios y políticos
Los 55 afectados que comparten representación legal en el caso de la supuesta estafa del centro de formación profesional Tierras de La Bañeza mostraron ayer su total desacuerdo con la medida planteada por el viceconsejero de Educación, Fernando Sánchez-Pascuala, que ofreció a todos los damnificados participar en septiembre en una convocatoria extraordinaria para la consecución de sus respectivos títulos de FP. «Esta prueba constituye una falta de respeto a todo el esfuerzo realizado por los alumnos; y al trabajo de aquéllos, que incluso ya hemos realizado las prácticas», señalaron en una nota de prensa.
El grupo consideró que la propuesta del viceconsejero «no tiene en cuenta el sistema de evaluación continua, que la ley de Educación establece para este tipo de enseñanza». «Éste es el método por el que todos nosotros hemos firmado y por el que hemos pagado una cantidad, que en muchos casos hemos tenido que pedir prestada», indicaron los afectados. Éstos tildaron de «mala solución» la propuesta, que «termina dando la razón y aplaudiendo a los responsables del centro [...] que, cuando los hechos salieron a la luz, ya propusieron esta peculiar salida». Los afectados reprobaron que «los responsables administrativos y políticos», mientras buscaban solución al problema, consintieron que los estudiantes siguieran pagando al centro las cuotas y realizaran los exámenes finales y las recuperaciones. «Nunca nos indicaron que dichos exámenes no tenían ninguna validez», señalaron. Manifestaron su esperanza de que la justicia dilucide si las pruebas que realizaron se han perdido o no, y criticaron que Educación de León siempre los ha considerado «delincuentes y cómplices de las irregularidades del centro», que está homologado por la Junta, indicaron, al tiempo que consideraron responsable a la Administración. El grupo reclamó que les sean reconocidas las matrículas y los exámenes y trabajos realizados, y anunció: «Será a los funcionarios y políticos a quienes exigiremos responsabilidades ante la justicia».