Diario de León

Macarena Saez: "La violencia obstétrica es estructural"

Macarena Saez, directora ejecutiva de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch, plantea que los estados se deben hacer cargo de prevenir y reparar los «daños desproporcionados» que sufren las mujeres en el embarazo y el parto

La chilena Macarena Saez es responsable del área de derechos de las mujeres en Human Rights Watch.

La chilena Macarena Saez es responsable del área de derechos de las mujeres en Human Rights Watch.DL

Ana Gaitero
León

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«Las mujeres en los contextos de embarazos y partos sufren daños desproporcionados», señala Macarena Saez, directora ejecutiva del área de derechos de las mujeres en Human Rights Watch.

Atribuir el sufrimiento de las mujeres en estos contextos a la mala suerte, recluirlo al ámbito privado o reducirlo a malas prácticas médicas no es la respuesta. «Es un problema que se da en todas las partes del mundo, en hospitales públicos y privados», puntualiza.

El problema de fondo es que «falta prioridad» de los estados en la atención al embarazo y al parto. «No es mala suerte ni falta de diligencia médica, es un problema de violencia estructural que no ha sido identificado por el Estado hasta hace poco».

La lucha de las mujeres ha puesto el problema sobre el tapete. Pero sigue sin resolver. Por un lado «falta educación del personal sanitario y falta identificar como servicios de salud prácticas culturales que los estados no ven con capacidad para ser proveedoras de salud».

Human Rights Watch apoya las estrategias locales de visibilización de la violencia obstétrica para que el estado asuma la responsabilidad de prevenir y reparar esta violencia de género específica del embarazo y el parto.

Estudiar este tipo de violencia y monitorearla sería el primer paso. «Sin estos datos es muy difícil conectar la responsabilidad del Estado y la violencia que sufren las mujeres». «Uno de los grandes riesgos es pensar que la violencia obstétrica se va a solucionar por llevar a más gente a la cárcel», advierte.

Pero esto no requiere presupuesto para prevenir la violencia osbtétrica y conduce a «criminalizar al personal de salud». En opinión de Human Rights Watch, este camino «no es la solución más adecuada para solucionar un problema estructural».

Macarena Saiz apunta que no tener en cuenta la autonomía de las mujeres es la base de la violencia obstétrica. Muchas mujeres en el mundo no pueden decidir parir de forma natural o por cesárea, de modo que en los hospitales privados las cifras de cesáreas pueden alcanzar el 70% mientras que en los públicos los partos naturales son el 70%. Muchas mujeres no son informadas de que se les va a hacer una episotomía. La inducción al parto, los tactos vaginales, las cesáreas sin justificación médica o atar los brazos durante esta intervención desembocan en sufrimiento de las mujeres por  violencia obstétrica.

En Washington, donde está al frente de un equipo de 12 personas, trabaja en el ámbito de la violencia de género y sexual, la obstaculización de la autonomía económica de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos.

Human Rigths Watch es una organización que busca contribuir a las estrategias locales para avanzar en los derechos humanos y como organización global para entender problemas estructurales que tienen denominadores comunes.

La lucha de las mujeres ha llevado a identificar espacios de violencia como la violencia sexual en conflictos bélicos, la violencia doméstica, el acoso sexual y laboral y también la violencia obstétrica.

«Las mujeres no tienen que estar más predispuestas al dolor», enfatiza Macarena Saez. Desde Human Rights Watch se hace hincapié en la responsabilidad de los sistemas regionales en impulsar cambios para prevenir y reparar la violencia obstétrica. En el ámbito de Lationamérica, es relevante la sentencia contra Argentina de la Corte Interamericana de 2022 en el caso Brítez contra el Estado argentino.

En España, una mujer que fue sometida a inducción prematura del parto y cesárea sin su consentimiento fue víctima de violencia obstétrica, según el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de la ONU en resolución de 2022.

El Convenio de Estambul, de 2011, y en el caso de España, ratificado en 2014, reconoce la violencia obstétrica como una forma de violencia contra las mujeres. «Es el estado el responsable de identificarla, es falsa la idea de que se trata de problemas de negligencia médica», insiste.

«Puede que haya una negligencia médica y puede que no lo sea, pero hay un problema de falta de atención o una idea de que las mujeres embarazadas y de parto tienen que aceptar su destino», recalca la experta.

«Si lo reducimos todo al ámbito vamos a crear un espacio en el que las personas marginadas son las únicas que van a pagar», apunta. Hace falta preguntar al Estado —añade— dónde están los presupuestos para educación del personal sanitario y educación sexual y no sexista. «Si no se invierte en esto vamos a seguir teniendo el problema».

Otro asunto que preocupa a esta organización internacional es la falta de reconocimiento hacia las parteras que son la única ayuda con la que pueden contar las mujeres en determinadas partes del mundo. «No es la mejor opción pero es la única opción viable y una auxiliar importante de salud ante la falta de acceso a la sanidad».

La violencia obstétrica ha alcanzado situaciones extremas como las esterilizaciones forzadas en Perú durante los gobiernos de Alberto Fujimori, Valentín Paniagua y Alejandro Toledo con cuyo objetivo fueron mujeres campesinas indígenas de los andes peruanos y en un menor número los varones.

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