Kaja Kallas y Maros Sefcovic explican a los medios de comunicación el acuerdo de Mercosur el pasado miércoles en Bruselas.o. hoslet

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Agencias
Madrid

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Después de más de dos décadas de negociaciones, y bajo la presión de constantes tractoradas agrarias y las protestas ecologistas, la Comisión Europea activó ayer el proceso de ratificación del acuerdo comercial con Mercosur (Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil), que busca alumbrar un gran mercado común entre Europa y Sudamérica. Se trata de «un hito para el futuro económico de la UE», así lo definió la presidenta Von der Leyen, que llega en el preciso instante en el que los Veintisiete se han convencido —a la fuerza— de la necesidad de buscar mercados alternativos tras la andanada arancelaria desatada por Donald Trump.

Es la imperiosa necesidad de evitar una pérdida de competitividad en unos mercados internacionales cada vez más tensionados lo que empuja a las instituciones europeas a acelerar la ratificación, con la intención de aplicarla de forma provisional sin esperar al visto bueno de cada parlamento nacional, un trámite que podría demorarse durante años. La cuestión es que para ello es necesario que reciba el visto bueno tanto del Consejo Europeo, por mayoría cualificada de los gobiernos, como del Parlamento.

El problema radica en que el acuerdo —que eliminaría de forma progresiva los aranceles sobre el 90% de productos y que se espera que dispare en un 40% las exportaciones— tropieza con las fuertes reservas de Polonia y Francia, que junto a Italia —con Giorgia Meloni erigida en defensora del «Made in Italy»— podrían explorar una minoría de bloqueo en el Consejo. Allí, el tratado necesita el respaldo de al menos 15 de los 27 Estados que representen en conjunto el 65% de la población de la UE.

Voces en contra

Los argumentos de París y Varsovia coinciden con los que miles de agricultores expresaron en abril de 2024, cuando colapsaron las carreteras europeas: temen que sus productores no puedan competir en precio con países que no están sujetos a las estrictas exigencias medioambientales y sanitarias europeas.

El mayor escollo para que el acuerdo prospere es el escepticismo francés, alimentado por unas protestas agrícolas que han marcado los nueve años de Emmanuel Macron en el Elíseo. El miedo a una avalancha de carne de vacuno, pollo y soja procedente de Sudamérica ha logrado un consenso inusual: desde el Frente Nacional de Marine Le Pen hasta la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon se han alineado en contra del tratado.

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La presidenta Von der Leyen defendió el pacto a través de sus redes sociales subrayando que «demuestra que hemos escuchado a nuestros agricultores» y que apuesta «por la diversificación».