normativa. carpetazo a la burocracia
La nueva ley agiliza los contratos a investigadores y avanza en igualdad. L a Ley de Ciencia, Tecnología, Investigación y Universidad impulsa el sistema de I+D+i y aborda los centros públicos de investigación y universidades

La nueva ley pretende impulsar el sistema de I+D+i.
El pleno del Congreso de los Diputados convalidó la pasada semana el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad, una norma que, básicamente, pretende acabar con la burocracia, agilizar la contratación de investigadores y avanzar en igualdad.
La norma, aprobada por el Consejo de Ministros hace pocas semanas, fue convalidada por los diputados del Congreso con 342 votos a favor y ninguno en contra.
Además, se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, una petición que ha sido respaldada con 150 votos a favor, 125 en contra y 67 abstenciones.
En su intervención en la Cámara Baja, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, insistió en que la norma impulsará al sistema de I+D+i que, a varios años de recortes presupuestarios, sumó unas cargas administrativas que le condujeron a una «una situación cercana a la parálisis».
Y aunque es innegable que el sistema sigue necesitando «un esfuerzo presupuestario», el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno resuelve «cuestiones urgentes» sobre las que «podíamos y debíamos actuar» para revitalizar el sistema y facilitar la labor de los investigadores en centros públicos de investigación (Opis) y universidades.
Para ello, la norma incluye diez cambios legislativos que servirán para «reducir las tareas administrativas y hacer más eficiente el uso de fondos públicos, mejorar la estabilización y contratación de investigadores en Opis y universidades, reforzar el funcionamiento de la Agencia Estatal de Investigación y avanzar en equidad e igualdad de oportunidades», destacó Duque.
Y para ello, la norma elimina la intervención previa, «volviendo a la situación de 2014», incluye medidas para la compra de material de investigación en los laboratorios, para agilizar el trabajo de la Agencia Estatal de Investigación y para avanzar en la igualdad de oportunidades, además de incluir mejoras ventajosas para los 12.000 afectados por los préstamos Renta-Universidad. El ministro señaló que para redactar la norma el ministerio ha tenido en cuenta las peticiones de la comunidad científica y las innumerables iniciativas debatidas y votadas en el Congreso y que pedían al Gobierno medidas como las que contiene el Real Decreto.
En cualquier caso, adviritió, «seguiremos trabajando hasta el último minuto» porque «a finales de abril quedarán muchas cosas por hacer y aunque nuestro deseo sería tener más años para llevar a cabo el plan, éste debería estar por encima de gobiernos y partidos».
«Como mínimo, esperamos que España tenga pronto de nuevo un Gobierno en el que la universidad, la ciencia básica y la innovación tengan un departamento ministerial específico con un equipo de gente técnica que venga desde abajo, que sepa pulsar las necesidades y dar forma a las soluciones, y que defienda en el Consejo de Ministros incrementos sostenibles de presupuestos para el sistema de I+D+i», señaló.
Por su parte, todos los grupos parlamentarios coincidieron en que las medidas, aunque insuficientes, son acertadas, por lo que respaldan la norma, aunque muchos criticaron la urgencia del trámite (Real Decreto-Ley), cuyo rango no permite que la Cámara pueda debatir su contenido.
El documento recoge 10 medidas para flexibilizar y mejorar la ciencia en España que se centran en reducir las cargas administrativas que dificultan el desarrollo de proyectos científicos. En este sentido, por ejemplo, entre las medias estrella destaca la anulación de la intervención previa en los Organismos Públicos de Investigación (OPI), impuesta por el gobierno de Mariano Rajoy en 2014, para permitir que estos tengan el control financiero permanente. También agiliza la compra de material e instrumentos científicos y amplía a 17 años la vigencia de los convenios entre centros de investigación e instituciones.
Otra medida destacable es que se abre la puerta a afianzar a los investigadores, que ahora encadenaban contratos precarios, al permitir la contratación de personal con carácter indefinido. Asimismo, se blinda la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres: se modifica la Ley de la Ciencia de 2011 para que aquellos que están de baja maternal o paternal, o con una incapacidad temporal, no se vean discriminados en la selección y evaluación de su actividad científica.