la respuesta al 11-s
obama prometió en el 2009 que la cerraría en el plazo de un año, pero la polémica prisión continúa abierta, al igual que el debate sobre su futuro
Dos soldados montan guardia en una torre del Campo Delta de la base naval de Guantánamo, en Cuba.
El penal de Guantánamo fue una de las respuestas más controvertidas de Estados Unidos tras los ataques terroristas del 2001 y una década después sigue abierto, pese a que el presidente Barack Obama prometió cerrarlo en un año. La prisión, situada en la base naval que EE.UU. posee en el sur de la isla de Cuba, empezó a albergar a sospechosos de terrorismo en enero del 2002 y debía haber cerrado a más tardar el 22 de enero del 2010.
El Gobierno del presidente George W. Bush decidió recluir e interrogar allí, ante tribunales militares, a los sospechosos más peligrosos, que estaban siendo detenidos durante las operaciones militares emprendidas en Afganistán para acabar con el santuario de Al Qaeda en aquel país. Guantánamo iba a recibir a «lo peor de lo peor», según la expresión del entonces vicepresidente, Dick Cheney.
Fuera del territorio nacional y de la jurisdicción de los tribunales ordinarios, Guantánamo se convirtió pronto en el blanco de las críticas. Organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos fundamentales, a las que se sumaron numerosos gobiernos aliados, denunciaron el limbo jurídico en el que quedaban los detenidos. Según documentos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), revelados en el 2007 como parte de una demanda entablada por la Unión de Libertades Civiles de EE.UU., varios reos fueron sometidos desde el 2002 a malos tratos y torturas físicas y psíquicas, como la exposición a temperaturas extremas, la privación del sueño o la profanación del Corán.
Al asumir el poder en enero del 2009, Obama emitió una orden para cerrar el penal en un plazo de un año. Pero sus buenas intenciones chocaron con la realidad de las luchas partidistas en Washington y la prisión, por donde han pasado cerca de 800 presuntos terroristas vinculados con Al Qaeda, no parece que pueda ser cerrada próximamente. El Congreso torpedeó esos planes al bloquear los fondos destinados a trasladar los presos a EE.UU. y a enjuiciarlos ante tribunales federales.
«Enemigos combatientes»
Los 171 «enemigos combatientes» —como los consideran las autoridades militares— que permanecen aún en Guantánamo, afrontan la posibilidad de un juicio ante un tribunal militar, el traslado a sus países o detenciones indefinidas.
En marzo pasado, Obama emitió otra orden ejecutiva para mantener un régimen de detenciones «legal, sostenible y conforme a principios», hasta que pueda cerrar el centro. Sin embargo, para Matthew Waxman, un experto en leyes y política exterior del Consejo de Relaciones Exteriores, las directrices sugieren que Guantánamo «permanecerá abierto durante mucho tiempo».
El aparente cambio de actitud de la Casa Blanca quedó reflejado en el manejo del caso contra el presunto «cerebro» de los atentados del 11-S, Khalid Sheikh Mohammed quien, junto a otros cuatro sospechosos de esos ataques, iba a ser enjuiciado en un tribunal civil en Nueva York. En un giro de 180 grados desde su primer anuncio en noviembre del 2009, el fiscal general de EE.UU., Eric Holder, dijo en abril pasado que Mohammed afrontará por el contrario un tribunal militar en «Gitmo», como se conoce a la base naval de Guantánamo.
Holder, resignado a la voluntad del Congreso, hizo el anuncio el mismo día en que Obama lanzaba su campaña para la reelección en el 2012. «El juicio contra Khalid Sheikh Mohammed y sus cómplices nunca debió servir para ganar argumentos ideológicos o para sumar puntos políticos», se lamentó entonces Holder, consciente de que un juicio en Nueva York tampoco gozaba de apoyo popular y mucho menos entre las familias de las víctimas del 11-S.
La Administración Obama decidió mantener los tribunales militares en Guantánamo, aunque con modificaciones, incluyendo más protecciones legales para los acusados y la prohibición de utilizar información obtenida mediante métodos coercitivos.