¿Funcionarios blindados?
El presidente de la Ceoe, Juan Rosell, abrió hace unas semanas el debate sobre la posibilidad de despedir a parte de ellos como vía de ahorro. El Gobierno no se ha pronunciado aún sobre ese posible recorte —Grecia acaba de anunciar el despido de 15.000 funcionarios del sistema público—, pero tiene la «intención y voluntad» de que trabajen más, pasando de 35 a 37,5 horas semanales.
Los que sí han empezado a despedir en bloque son los ayuntamientos, sin dinero para proveedores ni nóminas. Las autonomías, por ahora, aguardan.
El cierre de empresas públicas ocasionará el despido de contratados laborales mientras la reforma laboral —denuncian sus críticos— fija un sistema arbitrario de «castas»: los imprescindibles (los funcionarios en sentido estricto) y los que «pueden estar sobrando ya» (laborales, docentes, técnicos, sanitarios...). Depende mucho del déficit público, pero Mariano Rajoy quiere jugar su última carta en el 2013. El objetivo es no superar el 3% el año que viene. Este asunto ha dado muchos titulares en las últimas semanas, pues el Gobierno de Rajoy se plantea la reducción del déficit del Estado como una de sus máximas prioridades y ha desafiado, incluso, a Bruselas.