El miedo se traslada a la pensión

La crisis está provocando que, por primera vez, se piense en abrir la hucha de las pensiones. El Fondo de Reserva, que hasta el 31 de mayo pasado contaba con 67.948 millones de euros (que representan el 6,3% del Producto Interior Bruto), podría ser usado desde este verano para abonar alguna nómina si los ingresos del sistema público no son suficientes.

Hace unos días, la Comisión del Pacto de Toledo abordó el problema, y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, reclacó que el sistema público es viable financieramente, pese a que pueda tener problemas «puntuales» y se tenga que echar mano del Fondo de Reserva. Los más de 16,9 millones de ocupados son suficiente colchón para no preocuparse, pese a que la ratio entre cotizantes (2,43) por pensionista haya retrocedido «una década», advirtió.

El retroceso en esta ratio es el argumento fundamental por el que el profesor José Barea, el primero en alertar en nuestro país en la década de los 90 sobre el peligro de viabilidad del sistema, cree que se debería alargar la edad de jubilación a los 70 años, si bien hacerlo antes «rápidamente» a los 67. Y a ello añade reducir la prestación. También los 70 años es la tendencia a la que se refiere el profesor del Iese, Sandalio Gómez, a lo que suma que se amplíe el cómputo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral. Es más, apunta que mejor sería no poner una edad para jubilarse:crear una fórmula flexible que permita ir más allá de los 70 años, en función de cómo se encuentre cada uno tanto física como mentalmente.

A sus 89 años, Barea rechaza la posibilidad de que se reduzcan las cotizaciones, dado que el problema del sistema es que no cuenta con suficientes ingresos para pagar a los pensionistas sin convertir al sistema en deficitario. En la misma sintonía habla Sandalio, para quien esta posible reducción sería una «incongruencia», dado que aunque se cree más empleo el coste de la mano de obra se ha reducido y, en consecuencia, también las cotizaciones. Solo se podría hacer si se crea empleo de forma masiva y, paralelamente, se recortan gastos como el sanitario.

Por su parte, el profesor de Esade Eugenio Recio considera que la reforma aprobada en el 2011 —y que, salvo adelanto, entrará en vigor el 1 de enero del 2013— es «completísima», aunque reconoce que los plazos para aplicarla son «muy largos». Pese a todo, apunta, «más no se puede reformar». Y que al final dependemos de la propia salud financiera del sistema público y del nivel de paro. La alternativa sería elevar las cotizaciones o bajar las prestaciones. En cuanto a las cotizaciones, estima que la única forma de poder reducirlas sería subir impuestos, pero en estos momentos la recaudación tributaria también está mal. Por ello, y ante el aplazamiento de pagos de cotizaciones que se ha dado a las empresas, aconseja al Gobierno que haga números y vea si conviene más incrementar el déficit del sistema o que las compañías paguen sin aplazamientos.

Por tanto, poco se puede hacer mientras no se incremente el empleo, y el que se está creando tenga sueldos mejores para así elevar también las cotizaciones, cada vez más bajas por los recortes salariales. De lo contrario, se agravará el desequilibrio y se justificará un adelanto de los plazos para implantar la edad de jubilación a los 67 años. Incluso también que se plantee ampliar a toda la vida laboral el cómputo de la cuantía de la pensión, como en la mayoría de los países europeos. El sistema público fue diseñado cuando todos estos problemas no existían y, como no es de capitalización sino de reparto, «no se puede garantizar que se puedan cobrar las pensiones si no hay cotizantes», advierte Recio. A día de hoy, la cifra de estos últimos no cuadra y «hay que pedir más años de edad de jubilación para que se pueda cobrar el 100% de la pensión».