Demografía y pensiones
La publicación del Avance de Estadística del Padrón Continuo con datos a 1 de enero de 2014 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos ha permitido conocer que nuestro país está perdiendo peso demográfico a causa de la crisis: la población española se ha reducido en 2013 por segundo año consecutivo, hasta los 46,7 millones de habitantes, debido a la salida de extranjeros, de los que el pasado año 545.980 decidieron abandonar España, mientras que 141.361 españoles optaron por volver.
La población inmigrante, acumulada casi toda ella en los últimos años, es más joven que la española de origen en promedio, por lo que esta caída agrava el envejecimiento de la población.
Porque éste, y no otro, es nuestro gran problema demográfico. Según dicho avance, y en relación a España, los jóvenes entre 15 y 29 años han disminuido un 20% en la última década (en Pontevedra y La Coruña el descenso ha sido del 30%), y forman la única franja de edad en que hay menos población que en 2005. En cambio, en los diez últimos años, la población entre 50 y 64 años ha aumentado en un 50%: son los ‘baby boomers’, nacidos en los cincuenta y los sesenta del pasado siglo. Y el tramo que más ha crecido porcentualmente es el de las personas de más de 85 años.
Parecería que el actual descenso del número de jóvenes, debido a la caída de la natalidad en las últimas décadas del siglo pasado, debía facilitar a ese segmento de población las posibilidades de empleo, pero la crisis lo ha impedido. En todo caso, en términos absolutos, el mayor grupo de parados es actualmente el de los citados ‘baby boomers’.
En todo caso, el envejecimiento de la población en España está en línea con las tendencias mundiales, aunque de forma más acentuada, y se debe al descenso de los nacimientos y el aumento de la esperanza de vida. El número de mayores de 60 años se ha duplicado en el mundo desde 1980. Y regresando a España, parece obvio que, como ha dicho en declaraciones a un periódico Domingo Valls, subdirector del Centro Demográfico de la UAB, no se puede mantener un sistema de pensiones pensado para una esperanza de vida de 64 años cuando dicho parámetro es ya de 82 años. Máxime cuando prospecciones del INE realizadas en 2012 nos anuncian que en 2018 habrá ya en España más defunciones que nacimientos.
Como es conocido, el año pasado se aprobó una reforma del sistema de pensiones que, en síntesis, elevaba escalonadamente la edad de jubilación a los 69 años, establecía un factor de sostenibilidad ajustado a la esperanza de vida a partir de 2019 e incrementaba hasta los 25 años el tiempo de cotización necesario para obtener la pensión máxima. No sólo la esperanza de vida influye en la sostenibilidad del sistema: también los movimientos migratorios, imprevisibles por definición, son relevantes. Por lo que lo lógico sería que el modelo se revisase cada cierto tiempo para ajustarlo a las posibilidades reales del país.