Fielatos: el IVA de los pobres por entrar en León
Funcionaron durante casi un siglo para cubrir las necesidades financieras de los ayuntamientos. Eran los fielatos, oficinas de cobro de impuestos por la entrada de mercancías que permiten analizar la economía de la población desde finales del siglo XIX y mediados del XX. Los libros de registro del Archivo Municipal son una fotografía de la sociedad de aquella época, una película de las penurias a las que los leoneses se enfrentaban no hace tanto...
Fielato de San Marcos
Son la fotografía de una España que ha desaparecido. Surgidas a finales del siglo XIX como una manera de aportar fondos a los ayuntamientos y, al tiempo, como un mecanismo de control sanitario, los fielatos eran pequeñas aduanas que detenían la circulación en las poblaciones. Colocadas en las diferentes entradas de las ciudades, eran pequeñas construcciones gobernadas por los temidos consumeros, una especie de policía de comercio que cobraba una tasa por la entrada de alimentos y bienes de consumo. Dependían de la oficina de Arbitrios, Rentas y Exacciones y permanecían abiertos desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche. Fuera de este horario no se permitía la entrada a la villa de ninguna mercancía. A la altura de 1906 existían en la capital diez oficinas: los de la Corredera, Puerta Obispo, el Central, San Marcos, Puente Castro, Castillo, Colón, Matallana, Matadero, el de la Estación y el de la Administración. Operaban desde la mañana a la noche y contaban con dos empleados, encargados de controlar la entrada de los bienes que se venderían después a los habitantes. Pescado, vino, carbón, ovejas, cerdos, leche, verduras... todo debían ser inspeccionados por estas oficinas en las que se imponía el impuesto correspondiente según la cantidad y el valor de los insumos.
Los libros de registro correspondientes a 1951 y 1960 permiten aproximarse al funcionamiento de este sistema fiscal municipal, así como a la importancia que tuvo en la administración de los ingresos procedentes del control de mercancías y de otras obligaciones tributarias. El primero recoge los ingresos anuales de doce puntos de recaudación. Entre ellos destaca el fielato de la Estación, que registró 1.514.168,85 pesetas, una cifra muy superior a la del resto de establecimientos. Le siguen el de administración, con 776.927 pesetas; el del Matadero, con 727.136; el de San Marcos, con 636.869; y el del Castro, con 531.909 pesetas. En el extremo inferior se situaban Puerta Obispo, con 71.914 pesetas, y Colón, con 81.981. La distribución de los ingresos refleja una actividad recaudatoria desigual, condicionada probablemente por la intensidad del tránsito de mercancías, la ubicación de los puestos y las funciones específicas de cada dependencia.
El libro de 1951 revela que la actividad de los fielatos no se limitaba al cobro ordinario de los derechos sobre los productos que entraban en la ciudad. El de Administración funcionaba como un espacio de gestión de ingresos de naturaleza diversa. En sus anotaciones aparecen pagos de sanciones a particulares y empresas, conciertos fiscales —como los relativos a las vacas lecheras o a Puente Castro—, multas derivadas de expedientes y referencias a ventas en plaza de determinados almacenes. También se registraban las cantidades ingresadas en Depositaría, lo que evidencia la conexión entre la recaudación diaria y la contabilidad general municipal.
El libro de 1960, muestra una evolución significativa de las cantidades registradas. El fielato del Matadero alcanzó los 2.237.536 pesetas, mientras que el de Administración contabilizó 2.069.533. La Estación mantuvo una posición destacada, con 1.717.804 pesetas, seguida del Castro, con 1.354.091. También aparecen ingresos relevantes en el Crucero, con 698.915 pesetas, y en el Castillo, con 454.801. La Corredera registró 437.591 pesetas, mientras que Puerta Obispo contabilizó 101.220 y Matallana, 145.291.
La comparación entre ambos ejercicios permite apreciar un aumento general de las cantidades registradas en varios de los principales puntos de recaudación. El Matadero pasó de 727.136 pesetas en 1951 a más de 2,2 millones en 1960, mientras que el Castro superó los 1,3 millones y la Estación mantuvo su protagonismo como uno de los principales núcleos de ingreso.
Especial interés tiene el contenido del fielato de Administración en 1960, que vuelve a mostrar la diversidad de conceptos gestionados. Junto a las sanciones y los conciertos aparecen referencias a multas de expedientes, ventas en plaza de almacenes y gravámenes sobre productos como los jamones destinados al Estado. La contabilidad incluye un apartado específico de multas de fielatos, con anotaciones diarias de recepción, y otro relativo a los sellos de Mutualidades, en el que se consignaban mensualmente los cargos, ingresos y existencias que pasaban de un ejercicio al siguiente.
El carácter regresivo de esta tasa provocaba frecuentes protestas populares y encarecía la vida de las clases trabajadoras. De hecho, la mayoría de los documentos que atesora el Archivo Municipal de León se refieren a los expedientes abiertos contra ciudadanos que trataban de sortear el pago.
Los fielatos cerraron sus puertas el 1 de enero de 1963 y hasta ese momento fueron el exponente de una economía basada en la subsistencia. Los libros de registro de los primeros años del siglo XX recogen los gravámenes de los alimentos. En la oficina de la carretera de Asturias, por ejemplo, la entrada de 3.000 kilos de pescado se gravaba con 300 pesetas, en el de San Marcos, un solo cordero vivo de 25 kilos tuvo un peaje de 7,69 pesetas, mientras que en el de la Estación, se pagaba por diez terneras vivas 80 pesetas.
El cargo se establecía a la entrada, una vez que el titular de los víveres o mercancía que se transportaba declaraba lo que llevaba, y el oficial hacía la comprobación y su estado. Todo ello lo anotaba en el libro de registro, y procedía a hacer la valoración del impuesto que debía pagar, extendiéndole un recibo de pago para el control que era seguido por parte de las autoridades arbitrarias.
Dos casos en Puente Castro
Los documentos históricos aportan una pequeña ventana a la vida administrativa de León a comienzos del siglo XX. A través de dos expedientes relacionados con el servicio municipal de consumos, aparecen denuncias por la presunta entrada de mercancías sin pagar los derechos correspondientes, acusaciones contra empleados municipales y episodios de indisciplina que revelan las tensiones existentes dentro de este servicio.
En uno de los expedientes aparece una denuncia contra el interventor Miguel Terrajón y el dependiente José García López. Según el informe de la comisión municipal encargada de examinar los hechos, ambos habrían permitido la entrada de varios bultos de mercancías sin que previamente se abonasen los derechos fiscales. La operación habría tenido como destino el establecimiento de Marcelino Martínez, situado en el arrabal de Puente del Castro. La investigación municipal trató de reconstruir el recorrido de las mercancías y determinar quién había intervenido en su entrada. Para ello se tomó declaración a diferentes trabajadores del servicio, entre ellos personas encargadas de vigilar las mercancías y controlar las salidas de la zona.
El industrial Marcelino Martínez negó rotundamente los hechos. Sin embargo, la comisión consideró que su versión quedaba contradicha por los testimonios de otros empleados. El informe destaca especialmente las declaraciones de José García López, uno de los trabajadores denunciados, cuya manifestación califica de franca, espontánea y sincera. Este elemento tuvo un peso importante en la valoración de las pruebas. La documentación menciona también a un encargado de la vigilancia de las mercancías y a Juan Domínguez, empleado que prestaba servicio en la salida del arrabal y que, según la comisión, necesariamente debía haber visto pasar el carro que transportaba los géneros. El episodio refleja las dificultades de controlar el movimiento de mercancías y la posibilidad de que las propias personas encargadas de garantizar la recaudación participasen en operaciones irregulares. Un segundo documento, fechado en León el 16 de agosto de 1906, permite aproximarse a otro problema del funcionamiento del servicio municipal: la conducta de sus empleados y el mantenimiento de la disciplina durante los turnos de vigilancia. El escrito recoge un incidente ocurrido durante la noche del día 13 en el puesto del Puente del Castro. El cabo encargado del servicio nocturno informa de un altercado protagonizado por dos dependientes, Tomás Díez y Simón Morán, en presencia de la esposa del primero.
Uno de los trabajadores habría protagonizado una discusión que fue subiendo de tono hasta llegar a las amenazas. El documento atribuye al implicado un estado de embriaguez y describe una conducta incompatible con las obligaciones del servicio. El responsable de la vigilancia decidió comunicar lo sucedido al administrador para que este determinase la sanción correspondiente. La documentación también recoge una referencia a una medida disciplinaria de dos días de suspensión de empleo y sueldo impuesta a un dependiente por una ausencia del administrador.
En un principio, los fielatos eran viviendas reducidas en las que descansaban los consumeros destinados en ella. La administración realizaba cada año un recuento del número de enseres que había en cada construcción. Los objetos explican cómo se disponía el día a día en uno de ellos. Es el caso de este, que hace recuento de lo que había en el de la Estación. El espacio de trabajo principal estaba equipado tanto para la gestión burocrática y el pesaje como para sobrellevar el clima y las largas jornadas de atención a los viajeros. El mobiliario administrativo estaba compuesto por dos mesas de chopo, cinco sillas ordinarias y dos sillas de brazo (destinadas a los inspectores o a la atención de visitas). Para el archivo y custodia de documentos o efectos se disponía de una taquilla y de un ropero con cuatro perchas de hierro. El confort térmico estaba garantizado mediante un triple sistema de calefacción: una estufa, un brasero y un cajón para el carbón. Para llevar a cabo el control fiscal de los bienes introducidos en la población se utilizaba una báscula con tres pesos de dos kilogramos cada uno, una sonda (empleada para calar sacos o toneles), un baremo de tarifas, un graduado centesimal (instrumento de precisión para medir graduaciones alcohólicas o densidad de líquidos) y un descorchador. Los ingresos en efectivo del cobro de tasas se custodiaban en dos sacos para la calderilla.
La actividad de registro disponía de un tintero de cristal y unas tijeras. Para la higiene personal del personal de servicio había una palangana con su palanganero y dos toallas. El equipamiento de la oficina se completaba con un toque de hospitalidad o descanso reflejado en un candelabro, una botella y dos copas de cristal.
Además, había una estancia anexa acondicionada para el descanso del personal durante las guardias nocturnas o entre las llegadas de los trenes, además de servir como zona de custodia temporal de bultos. El descanso nocturno se realizaba en dos camastros con caballete de hierro y cuatro tableros cada uno. La habitación se amueblaba además con una mesa de chopo, dos taburetes, un banco y un ropero con siete perchas. Para la gestión de los enseres de los viajeros se contaba con una mesa para guardar y un tablero para dejar los equipajes. Como instrumental de apoyo para rondas nocturnas o reparaciones del puesto, figuraban un farol de mano, una bobina de metal, un tinte, una aguja, un martillo y un escopio (escoplo o punzón).
La sisa de la criada
Criados, sirvientas y trabajadores con escasos recursos aparecen en las actuaciones de los inspectores, convertidos en intermediarios de pequeñas operaciones de evasión. En el fielato de San Marcos se presentó el 9 de febrero una mujer que dijo ser sirvienta de don Ildefonso Guerrero se acercó a la verja y adeudó un kilo de embutidos pero notándosele que debajo de los vestidos traía oculto algún objeto, le invitaron a que ella misma lo sacara. Después de alguna resistencia por fin sacó tres kilos de embutido. Lo mismo ocurría al día siguiente en Puerta Obispo, donde un tal Santiago Ferreras escondía cinco kilos de tocino y tres de sebo, o el criado de Juan Domínguez, que bajo una carga de sacos de abono escondía 30 litros de vino. A diferencia del gran contrabando comercial, organizado para obtener beneficios considerables, muchas de las infracciones registradas en los fielatos urbanos estaban protagonizadas por personas de condición humilde.
En ocasiones transportaban mercancías por encargo de sus patronos; en otras, la necesidad económica podía empujarlos a buscar alguna ventaja en el traslado de productos sujetos a tributación. La sanción recaía sobre quién atravesaba físicamente el fielato, aunque detrás de la infracción pudiera existir una responsabilidad económica o una decisión ajena. Los géneros intervenidos permiten comprender mejor el contexto. Embutidos, tocino, sebo y vino no eran artículos suntuarios, sino alimentos y grasas esenciales en la dieta de la época. El impuesto sobre consumos encarecía productos básicos y podía representar una carga significativa para economías domésticas que apenas disponían de margen. En este escenario, el fraude menor no siempre respondía a una voluntad de enriquecimiento, sino que podía convertirse en una estrategia para reducir el coste de la alimentación.
La documentación de los fielatos leoneses, en paralelo con los testimonios estudiados en otras localidades, revela un repertorio de procedimientos destinados a burlar la vigilancia fiscal. El matutero —nombre popular asociado a quienes introducían mercancías sin pagar los arbitrios— desarrolló una auténtica cultura de la ocultación.
El cuerpo se convertía en uno de los principales instrumentos del fraude. Las prendas femeninas permitían esconder alimentos bajo las faldas y los vestidos, mientras que algunas mujeres simulaban embarazos para disimular el volumen de las mercancías. En otros casos se recurría a cinturones confeccionados con dobles pespuntes, capaces de albergar productos sin levantar sospechas.
También el transporte ofrecía posibilidades de camuflaje. Las carretas podían incorporar dobles fondos y las cargas se organizaban de manera que el producto prohibido o no declarado quedase oculto bajo materiales aparentemente inocuos. Un ejemplo particularmente ilustrativo era el de los treinta litros de vino escondidos bajo sacos de abono, una disposición concebida para disuadir al inspector de realizar una inspección más minuciosa.