Habrá una mayor colaboración en la lucha contra los delitos ecológicos

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha ordenado a las fiscalías provinciales de Castilla y León que designen a un representante del Ministerio Público para que se incorpore a las comisiones técnicas dedicadas a la investigación de los delitos medioambientales que se producen en la Comunidad. Se trata del principal acuerdo alcanzado tras la reunión mantenida en la capital de España entre Cardenal y la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, para abordar los principales problemas medioambientales de la región. De esta forma, los fiscales dispondrán de información de primera mano de los delitos que en materia de incendios forestales, contaminación atmosférica y acústica o vertidos ilegales se producen en Castilla y León, y se unirán a las citadas comisiones compuestas por un juez, miembros del SEPRONA de la Guardia Civil y técnicos de la Consejería de Medio Ambiente. Tras calificar el encuentro con el fiscal general como «muy satisfactorio», María Jesús Ruiz afirmó que, «pretendemos llevar a cabo una colaboración mutua que será muy provechosa estando previsto extender en el futuro esta recomendación al resto de las fiscalías españolas». Se estrecha el cerco La lucha integral contra los incendios forestales hace necesaria la persecución de aquellos que los provocan y, en este sentido, en el año 2001 el presidente de la Junta y el ministro del Interior firmaron un convenio para mejorar la colaboración y coordinación en los trabajos de inspección y vigilancia que realizan la Consejería de Medio Ambiente y el Seprona. El acuerdo ha servido para realizar investigaciones e informes conjuntos sobre la causa de los incendios forestales y, además, para incrementar la lucha contra la caza furtiva, aumentar el control de los cauces, coordinar las actuaciones sobre la gestión de purines, realizar inspecciones conjuntas para controlar el destino de los neumáticos usados o vigilar la no aparición de vertederos incontrolados. Un año más tarde, la firma de un convenio, pionero en España, entre la Consejería y el Consejo Judicial del Poder Judicial, ha permitido intensificar la persecución de los actos delictivos, también en materia de incendios forestales. El compromiso adquirido supone un gran avance en la lucha contra la impunidad que en algún momento pudieran tener los autores de estos siniestros que atentan contra la riqueza forestal de nuestra comunidad, y permite poner a disposición del Poder Judicial todos los recursos necesarios para determinar la responsabilidad de quienes queman el monte. De esta forma, el Departamento regional entrega al Juez de Instrucción los informes que elaboran las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales cada vez que se origina un siniestro y, por otro lado, en las diligencias instructoras que se practiquen sobre incendios, los jueces pueden solicitar a la Consejería de Medio Ambiente los informes o el asesoramiento técnico-forestal que precisen, cuya prestación tendrá carácter preferente.