Encuentros traumáticos
|||| Ana María Pérez del Campo enarbola la bandera del sentido común al afirmar con rotundidad: «Si un padre tiene que estar vigilado para poder ver a su hijo es que no debería verlo bajo ningún concepto». Esta aseveración es respaldada por los menores que viven en el centro que ella dirige, pues la recuperación de los niños se ve bruscamente paralizada, e incluso invertida, cada vez que son obligados a cumplir con la obligación legal de encontrarse con sus progenitores y agresores. Frente a la decisión judicial de que se mantenga el contacto entre los pequeños y un padre violento apenas hay alternativa. La madre está obligada a acatar el dictamen del juzgado y, en consecuencia, poco puede hacer para proteger a sus hijos, ya que en el caso de que se niegue a llevarlos a esos encuentros es más que probable que el padre ponga una denuncia, lo que podría provocar que la mujer fuera condenada hasta con un año de cárcel y la pérdida de la custodia de sus hijos. En cambio, cuando el padre que tiene derecho a esas visitas vigiladas no quiere acudir a la cita, no es procesado ni penado por su conducta. Las cifras del horror Las cifras son escalofriantes. Tal como reseña la pediatra Lola Aguilar, «desde 1997 se han contabilizado en España 53 casos de menores asesinados por sus progenitores varones en el contexto del terrorismo doméstico, frente a las veinte víctimas infantiles que se ha cobrado el terrorismo político desde 1991». Y esos pequeños han sido asesinados precisamente aprovechando el régimen de comunicación y las visitas: «Porque los padres maltratadores no tienen ningún interés en sus hijos e hijas más allá del de instrumentalizarlos contra la madre -razona Pérez del Campo-. Si les hacen daño a los menores es porque éstos son la única vía que les queda para seguir torturando a su ex pareja. Así se explican los asesinatos de niños y niñas a manos del padre. Sin olvidar que este año ya asciende a nueve el número de pequeños asesinados, que han sido acuchillados, quemados o muertos a golpes». Síndrome de Estocolmo La mayoría de e sos menores han perdido la inocencia a base de ser insultados y apalizados. Algunos de ellos incluso han llegado a asumir que su padre les pega y les grita por ser malos o portarse mal y, por lo tanto, llegan a creer que merecen tan brutal castigo. Esos niños han perdido de forma brusca su casa, su entorno, su colegio, sus juguetes, sus amigos y se han refugiado con sus madres en casas de acogida, donde las cosas tampoco son fáciles. Son niños que sufren alteraciones emocionales y del comportamiento, a las que hay que añadir el inevitable miedo que generan las intervenciones policiales y judiciales. En esos casos, los niños no se sienten entendidos, ni escuchados, ni protegidos por la ley ni por quienes la imparten y, por supuesto, no comprenden por qué un juez les obliga a mentener encuentros con el padre que les agredió. ¿ Cómo se explica que un juez someta a pruebas periciales a una niña de seis años para determinar si se le concede visitas vigiladas al padre de la menor, a pesar de que éste cumple condena de tres años y seis meses de prisión por maltrato familiar? En este caso, la pequeña deberá asistir a los encuentros que determine el juez en la penitenciaría en la que está recluido el progenitor y, aunque parezca inverosímil, este supuesto es un caso desgarradoramente real. Un equipo de profesionales en el campo psicosocial está evaluando la idoneidad de ese tipo de visitas. Estos encuentros, según el criterio de algunos jueces, son psicológicamente negativos para los hijos. La opinión del menor Hay expertos que estiman que si las autoridades administrativas y judiciales quieren defender los derechos y la salud de los menores deberían, por lógica, tener en cuenta la opinión de los niños cuando éstos deciden no relacionarse con sus padres. No menos dramático es el caso de los niños o adolescentes que conviven con el maltratador cuando la madre decide abandonar el hogar. Estos menores interiorizan el comportamiento del violento, pueden llegar a justificar su proceder y muchos de ellos se convierten en jóvenes que reproducen la violencia en la que han sido educados. Por esa y por mil y una razones, en el centro que dirige María Pérez del Campo insisten en que los hijos de progenitores condenados por maltrato deberían ser alejados de sus padres: «No admitimos niños mayores de doce años, pues lo que no se ha podido trabajar con ellos antes de esa edad ya es inútil; son firmes candidatos a reproducir lo que han aprendido: maltratar». Una razón para que la sociedad tome cartas en el asunto y decida cortar esta pauta de comportamiento antes de que todos se conviertan en saturnos.