Los impuestos de los europeos abren 38 escuelas en El Alto

El Alto, con 650.000 habitantes, es la segunda ciudad de Bolivia en población y la ciudad que, en el otoño del 2003, echó al presidente de Gobierno con las movilizaciones protagonizadas contra el intento de dejar exportar libremente el gas a través de puertos chilenos. El Alto tiene más vecinos que La Paz, sobre la que se erige, y sólo Santa Cruz de la Sierra, la capital de la provincia más autonomista de Bolivia, la supera demográficamente. Pero El Alto no aparece en los mapas turísticos, nació como ciudad dormitorio y ha crecido en el desorden, aunque ahora «ya tiene servicios y dinamismo propio» y se ha convertido en un punto de referencia en la reforma educativa. Esta ciudad, difícil y áspera a cualquier injerencia ajena, es el lugar en el que ha trabajado en los últimos cuatro años la leonesa Elena Getino Canseco. La pedagoga es la directora europea de un proyecto de cooperación desarrollado entre el 2001 y el 2005 para mejorar la educación, financiado con 11 millones de euros por la Unión Europea y el municipio alteño, que aporta dos millones del presupuesto total. El proyecto ha supuesto la apertura de 38 nuevas escuelas y la puesta en marcha de un proyecto pedagógico completo, que incluye desde la formación del profesorado a la alfabetización de madres y padres, apoyo a la enseñanza inicial o infantil y creación de doce centros de recursos con respeto a la interculturalidad y muchas dosis de participación ciudadana. El proyecto de apoyo a la reforma educativa PAR-El Alto ha sido una empresa difícil, pero al final los resultados son satisfactorios, reconoce la cooperante leonesa. Elena Getino presentó esta semana en Bolivia el libro en el que cuenta en detalle el programa que se ha llevado a cabo con el dinero de los contribuyentes europeos como colofón a la experiencia del último cuatrienio. La población de El Alto había crecido a un ritmo del 5% anual en las dos últimas décadas, dando como resultado una ciudad sin planificación y sin servicios, aunque en la actualidad «ya tiene su personalidad y su dinamismo propio», precisa. En el campo de la educación sufría un gran déficit de plazas escolares -unas 400 aulas- al pasar, en el año 2000, de una demanda de 70.000 a 200.000 alumnos; además, «el 80% de las escuelas existentes estaban en condiciones muy malas», explica la pedagoga. Los niños y niñas no sólo tenían que desplazarse de una punta a otra para asistir a clase, la mayoría de las escuelas habían sido construidas por las propias familias o se ubicaban en casas particulares. Eran aulas de adobe, con pisos de tierra, escasa luz, ventilación y sin espacio suficiente para 30 alumnos. Los estudios e investigaciones de la época dejaban clara la necesidad de invertir en proyectos sociales en El Alto «para mejorar las condiciones y evitar situaciones de conflicto social en un futuro inmediato», pero sólo la Unión Europea se decidió a hacerlo tras recibir una petición del gobierno boliviano en 1997. El proyecto de apoyo a la reforma educativa PAR El Alto empezó a andar en el 2001 y al cabo de cuatro años ya está en manos del municipio. Ha supuesto la mejora de las condiciones de 15.000 niños en las 38 escuelas abiertas y dotadas con muebles, material didáctico y áreas verdes, parques infantiles y canchas deportivas; además, ha formado al 60% del profesorado de primaria de la ciudad, al 70% de los directores y a uno de cada tres administrativos y porteros. Paralelamente, el PAR desarrolló un programa de alfabetización entre población adulta, del que se beneficiaron 7.000 personas (el 60% mujeres) y potenció la educación inicial, que no es obligatoria, con un modelo de gestión comunitaria de los centros de atención de niños de cuatro a seis años. El proyecto deja en herencia doce centros de recursos, los únicos del país, dotados con laboratorios, bibliotecas, ludotecas, auditorios y espacios para usos de padres y madres de familia. En definitiva, añade Getino, «se ha desarrollado un modelo integral mejorando la infraestructura educativa con criterios pedagógicos, fortaleciendo los recursos humanos encargados de los procesos educativos, la capacidad de gestión de los responsables de educación del municipio y apoyando el entorno de los niños y las niñas con la mejora de las condiciones de educación de sus madres y padres, la educación de adultos, la participación comunitaria y la atención de necesidades educativas especiales y la educación inicial». Cuando empezaron, la única norma que existía en el país sobre las escuelas era contemplar un espacio mínimo de 50 metros cuadrados para un aula que albergue a 30 alumnos. Escuelas a la medida El resultado es que «cada escuela es un poco distinta», producto de las decisiones consensuadas de profesorado, padres y alumnos. Tienen en común, eso sí, que se han ejecutado con materiales resistentes y fáciles de mantener porque ahora es la población, el municipio y las organizaciones no gubernamentales que colaboran con él, los que se ocuparán de su mantenimiento. «Hemos trabajado con arquitectos bolivianos, se han diseñado los espacios en función de las necesidades pedagógicas y puede servir de modelo para otras ciudades», subraya. Primó la funcionalidad sobre la estética y la idea de que tanto el aula como el espacio exterior de la escuela «son elementos facilitadores del aprendizaje activo». Con la perspectiva del tiempo y la experiencia, si hoy empezara de nuevo el proyecto, «repensaría bien la construcción de las escuelas porque fue un proceso demasiado largo», reconoce la cooperante leonesa. «No haría escuelas tipo», matiza, como las que se querían imponer con un modelo pensado para el campo que no encajaba en una ciudad tan singular y diversa como El Alto; «pero sí incorporaría ciertos elementos tipo para ganar más eficacia y eficiencia», añade. En cambio, repetiría el modelo de participación ciudadana que, a su juicio, ha sido la clave del éxito. «Trabajaría más con las familias porque los niños no están solos en el proceso educativo y muchas de las resistencias que encontramos a la reforma se debían al desconocimiento, a que las familias eran analfabetas», explica. Los centros de recursos son los primeros que se construyen en el país de acuerdo con la ley de reforma educativa puesta emprendida en 1994. Bolivia aceptó cumplir las metas de Eduación para todos de la reunión internacional de Jomtien (Tailandia) en 1990, con lo que asume mejorar la calidad de la educación y satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. Es una reforma que tiene mucha relación con la filosofía de la Logse de España, cuyos ejes son la interculturalidad -se incorporan las lenguas maternas aymara, quechua y guaraní- y la participación. Inicialmente, explica Elena Getino, «había mucha resistencia porque los docentes creían que la reforma está orientada por el Banco Mundial, que se iba a privatizar la enseñanza, pero también temían perder sus privilegios». Hacer cooperación en El Alto era una apuesta arriesgada, añade la pedagoga leonesa. «Era un reto muy importante porque la ciudad de El Alto era catalogada como un sitio donde no se podía trabajar, un lugar muy complejo y difícil». Después de la experiencia puede asegurar que es una población «muy orgullosa, pero muy agradecida cuando uno respeta sus características», «con muchísima susceptibilidad a las imposiciones, tanto externas como del Gobierno», pero capaz de aceptar propuestas en una negociación. Visión pionera De hecho, apunta, la Unión Europea «ha tenido una visión pionera» porque cuando en 1997 recibió la solicitud del municipio «intuyó» la necesidad de mejorar las condiciones de la educación en una ciudad que estaba creciendo a un ritmo vertiginoso y desordenado con la emigración del campo y la privatización de las empresas mineras. Desde los años 80, Bolivia «hizo muy bien los deberes» impuestos por el Fondo Monetario Internacional a costa del empobrecimiento de la población. Octubre de 2003 marcó un antes y un después en la cooperación internacional en El Alto y actualmente ya son varias las organizaciones internacionales de ayuda al desarrollo, incluídas las agencias oficiales de Estados Unidos y Japón, que inician proyectos en «La Ceja», el lugar que poco a poco tomaron los emigrantes bolivianos en busca de un futuro mejor. Las revueltas pusieron de relieve la necesidad de paliar las insatisfacciones de la población alteña y ahora siguen la iniciativa de la Unión Europea.