¿Fue posible otro estatuto?

El actual debate abierto en la sociedad leonesa ante la futura reforma del Estatuto de Castilla y León no es nuevo. Ya desde su proceso de aprobación se pudieron introducir numerosos cambios a través del procedimiento de las enmiendas, que desde el ámbito leonés fueron numerosas y variadas. Hoy trataremos de hacer un repaso a esas correcciones que se intentaron incluir en el texto autonómico y que hacen referencia a la misma concepción de la comunidad. Las más destacadas fueron las redactadas por Andrés Fernández y por Coalición Democrática. El primero era diputado del Grupo Mixto, ya que pese a que se había presentado dentro de las listas electorales del PSOE y no fue elegido, tras la muerte de su amigo y cabeza de lista Baldomero Lozano pasó a ocupar su escaño con la oposición de los dirigentes de su partido. No en vano, su postura con respecto a la autonomía era sustancialmente diferente, puesto que era partidario de la región leonesa como comunidad y, si esto no era posible, de la uniprovincialidad. Por su parte la ideología autonómica de Coalición Democrática consistía en la reivindicación de la autonomía provincial, como se ha señalado anteriormente. Diferencias entre las dos regiones Esencialmente, las enmiendas más importantes pretendían reflejar las diferencias regionales entre León y Castilla, así como los distintos orígenes históricos de ambos reinos. El diputado del Grupo Mixto presentó una enmienda a la totalidad basándose en el «hecho histórico diferenciado de los dos pueblos -el leonés y el castellano- que por supuestas razones políticas y de Estado han sido obligados a concurrir en un mismo proceso autonómico». Aparte de esta corrección, realizó un gran número de enmiendas parciales, y así, en primer lugar, propuso que la denominación de la Comunidad fuera de León y Castilla. También proponía modificar diversos artículos para que fueran reconocidas las identidades diferenciadas de ambas regiones. Asimismo, recogía la importancia de las comarcas cuando señalaba que las crearían las respectivas Diputaciones Provinciales, para lo que se tendrían en cuenta criterios históricos, étnicos, culturales y geográficos teniendo en cuenta además «el sentir popular». Con respecto a la sede de las Cortes, Andrés Fernández pretendía que se situasen en la ciudad de León «en atención a su pasado tradicional histórico». Se posicionaba en contra de una bandera regional «puesto que, además de no ser tradicional ni histórica, supondría un menoscabo de la personalidad de los distintos territorios históricos». Y la institución que estaría situada por encima de las provincias serían los propios territorios históricos (León y Castilla), a los que sendos Procuradores representarían con papel político. Segregación de territorios Finalmente, ampliaba las opciones de la Disposición Transitoria Sexta, es decir, la que posibilitaba la incorporación de provincias limítrofes y la segregación de territorios. Dicha Disposición estaba concebida desde la visión castellana para facilitar la entrada en la comunidad de Cantabria y la Rioja y dificultar la salida del Condado de Treviño, pero Andrés Fernández proponía que un territorio histórico o provincia -evidentemente se refería a León- pudiera segregarse de la comunidad o constituirse en autonomía. Para ello era necesaria la solicitud de segregación de las Diputaciones Provinciales del territorio histórico o bien de la mayoría simple de la población de esa demarcación, lo que habría de ser refrendado mediante referéndum. Como bien sabemos, finalmente ninguna de esas enmiendas fue aceptada y acabó triunfando la idea de crear una comunidad unitaria, uno de cuyos grandes objetivos fuera, y sigue siendo, la de ofrecer una imagen de solidez territorial e identitaria. Con este fin, y ya desde su misma creación, la comunidad autónomía se ha preocupado muy mucho de invertir grandes sumas de dinero en fomentar esa supuesta identidad. Últimamente, los órganos creados con este fin son la Fundación Villalar y el Instituto Castellano y Leonés.