Europa se prepara contra el aumento de las inundaciones
Además de numerosas víctimas mortales, provocan daños ambientales al inundar depuradoras, destruir humedales y reducir la biodiversidad. Una directiva comunitaria se propone reducir el riesgo para la salud, el medio ambiente y la economía que p
Aunque las inundaciones son fenómenos naturales que no pueden evitarse completamente, la actividad humana aumenta su probabilidad e impacto hasta el punto que en los último años se han convertido en un grave problema ambiental que afecta, además de a las zonas costeras, a grandes extensiones de la UE. En el periodo 1998-2004 Europa sufrió más de un centenar, entre las que destacan los desbordamientos del Danubio y el Elba del año 2002, que provocaron unas 700 víctimas mortales, el desplazamiento de cerca de 500.000 personas y más de 25.000 millones de euros en pérdidas económicas en seguros. Las que tuvieron lugar el año pasado en Alemania, Austria, Bulgaria, Francia y Rumania han disparado aún más esas catastróficas cifras. El elevado importe de los bienes afectados se debe a que incluyen desde viviendas e infraestructuras de transporte y servicio público hasta empresas y zonas agrarias. A título de ejemplo, el valor de los situados en una franja de 500 metros de la costa europea (incluidas playas, terrenos agrícolas e instalaciones industriales) se calcula entre 500.000 millones y un billón de euros. Además de daños económicos, las crecidas también pueden provocar daños ambientales al inundar depuradoras, fábricas que contienen sustancias tóxicas, destruir humedales y reducir la biodiversidad. Para los próximos años, los expertos prevén en Europa un agravamiento de este tipo de catástrofes debido al cambio climático (aumento de pluviosidad y del nivel de mar) y al incremento de la vulnerabilidad por el número de personas y bienes asentados en zonas expuestas a riesgos de inundación. Sólo a lo largo del Rhin viven más de 10 millones de europeos en zonas de riesgo y los daños potenciales podrían superar los 160.000 millones de euros. Mapas de riesgo Con el fin de mitigar el impacto de las avenidas de agua e identificar las zonas de riesgo, la Comisión Europea ha propuesto una Directiva destinada a elaborar planes de gestión de inundaciones centrados en la prevención y la preparación. Aunque los distintos Estados miembros trabajan en el diseño de medidas contra estas catástrofes, conviene recordar que la mayoría de las cuencas hidrográficas europeas son compartidas por varios países, por lo que una acción coordinada por la UE incrementaría el grado general de protección contra las inundaciones. Según se recoge en la normativa, los Estados miembros realizarán una evaluación preliminar del riesgo de inundación que incluirá, al menos, un mapa de la demarcación hidrográfica que presente los límites de las cuencas hidrográficas, las subcuencas y las zonas costeras asociadas, indicando la topografía y los usos del suelo; una descripción de las inundaciones sucedidas en el pasado; una descripción de los procesos de inundación y su vulnerabilidad al cambio, incluido el papel de las llanuras aluviales como barrera o retención natural de los desbordamientos y de las vías de evacuación de inundaciones en la actualidad o en el futuro, y una descripción de los planes de desarrollo que pudieran provocar un cambio de los usos del suelo o de la distribución de la población y de las actividades económicas que pudiera hacer aumentar los riesgos de inundación en la misma zona o en las regiones situadas río abajo o río arriba. Deberá figurar, igualmente, un análisis de la probabilidad de futuras inundaciones basado en datos hidrológicos, tipos de inundaciones y en el impacto previsto del cambio climático y de las tendencias de los usos del suelo, y un pronóstico de las consecuencias estimadas de inundaciones futuras sobre la salud humana, el medio ambiente y la actividad económica que tenga en cuenta la evolución a largo plazo, incluido el cambio climático. Los mapas de riesgo de inundación deberán estar finalizados antes de diciembre del año 2013. Se revisarán y actualizarán, si es necesario, a finales del año 2019 y, a continuación, cada seis años.