Refuerzo del control público del uso y la calidad

|||| El Ministerio de Medio Ambiente está desarrollando el Plan de Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua (Plan Agua) para adoptar una nueva política sobre este recurso que se adapte a las normas de la Unión Europea, que exigen más equidad, eficiencia y sostenibilidad en el consumo de agua aprovechando las tecnologías disponibles. Este programa se aplica de momento en las cuencas mediterráneas y las zonas con un déficit estructural de agua, pero en el futuro se extenderá a todo el país y de hecho supone que el Gobierno reforzará el control público del uso y la calida del agua, y además «potenciará la participación y corresponsabilidad de los ciudadanos para combatir el despilfarro, la especulación, la insuficiencia y la contaminación del agua». Mensajes como que el agua es un derecho y una responsabilidad, o que tiene un valor social, económico y ambiental, tratan de concienciar sobre el hecho de que no se trata de un bien ilimitado, «ni su disponibilidad es gratuita. El uso del agua ha de tener en cuenta sus costes reales, así como el beneficio que puede generar su utilización». El proyecto prevé que antes del 2008 se hayan adaptado las confederaciones hidrográficas, y que en cada cuenca se cree un Banco Público del Agua, que permitirá reasignar los derechos históricos a este respecto con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad. «Se establecerán tarifas del agua acordes con los costes reales de la obtención y de tratamiento del agua, moduladas en función del beneficio económico generado por la utilización del agua, según la normativa europea», especifica el ministerio. Ya en su discurso de investidura el presidente del Gobierno anunció «una nueva política del agua, una política que tomará en consideración tanto el valor económico como el valor social y el valor ambiental del agua, con el objetivo de garantizar su disponibilidad y su calidad». El cambio de modelo estaba, pues, anunciado.