El Gobierno lanza un ultimátum al entorno de ETA con su reforma legal
La impugnación de listas se amplía a la campaña electoral para evitar las «blancas» y los cargos públicos perderán el acta si no condenan a la banda de forma expresa
De la Vega y Rubalcaba, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a un conjunto de reformas de la ley electoral que aspiran a cerrar todos los caminos de acceso de la izquierda aberzale que no se desmarca da la violencia a las instituciones con el único objetivo de lanzarle un ultimátum al entorno de ETA. El ministro aclaró que los cambios legales quieren ser «un mensaje nítido y firme» al brazo político de la organización terrorista. «Sólo tienen dos opciones: O rompen drásticamente con ETA o convencen a la banda para que deje la violencia», en caso contrario, no volverán ni a los ayuntamientos ni a los parlamentos, aseguró Pérez Rubalcaba. «O bombas o votos», sentenció una vez más el ministro, en lo que ya ha convertido en su eslogan de legislatura.
El período de impugnación de las candidaturas sospechosas se extenderá a la campaña electoral para poder desactivar las listas blancas o partidos tapadera cuando reciban el imprescindible apoyo de Batasuna antes de los comicios. Y, como llave de seguridad del sistema, los concejales y parlamentarios que pasen el filtro electoral, pero se compruebe a posteriori que pertenecen a formaciones vinculadas a ETA, serán expulsados de la institución salvo que condenen de forma «expresa e indubitada» a la banda.
La vicepresidenta machacó sobre el mismo clavo. El objetivo de la reforma es que «los que apoyan a los violentos no puedan sentarse nunca más en los escaños que la democracia reserva a quienes cumplen con la ley» y para ello se va a blindar la ley para que Batasuna no encuentre «recovecos, artimañas ni escondites».
