El PP pasa a la ofensiva en el Gürtel y pide a Blanco que aclare sus contratos
El partido opositor hace suya la denuncia pública que lanzó Álvarez Cascos sobre la presunta existencia de una «camarilla policial que puede fabricar pruebas»
El PP pasó a la ofensiva en el caso Gürtel y pasó de dar explicaciones a pedirlas al Gobierno sobre algunas presuntas irregularidades de dirigentes socialistas. María Dolores de Cospedal anunció ayer que van a solicitar la comparecencia en el Congreso del ministro de Fomento, José Blanco, para que explique por qué concedió su departamento a la empresa Teconsa contratos por valor de 36,4 millones. Un contrato que se firmó, según el PP, cuando ya se conocía la relación de esa compañía con la presunta trama corrupta que encabezaba Francisco Correa.
La lugarteniente de Mariano Rajoy, al hilo de este argumento, reflotó un viejo asunto que se recoge en el sumario del Gürtel sobre varias conversaciones donde algunos de los implicados en la trama «asegura tener muy buenas relaciones con gente de La Moncloa». Por todo ello, Cospedal aseguró que «llama poderosamente la atención» que la Fiscalía haya solicitado a todos los gobiernos autónomos que comuniquen cualquier contratación con las empresas relacionadas con Gürtel y que, sin embargo, no pida al Ejecutivo de Zapatero que aclare los acuerdos de Fomento con Teconsa.
La secretaria general del PP, con tono firme, puso en duda la legalidad de esos informes policiales y refrendó la tesis de Francisco Álvarez Cascos sobre la existencia de un grupo de élite policial «capaz de falsificar pruebas». Lo que sorprende, dijo la número dos del partido opositor, no es la denuncia de Cascos «sino que se critique al denunciante en vez de comprobar si la denuncia es cierta». Es más, el PP pedirá a la Fiscalía que una la queja de Cascos a la denuncia que presentaron los populares por presuntas actuaciones policiales «instigados por mandos de Interior».
Justificó, asimismo, que Cascos haya hecho unas acusaciones porque el sumario del Gürtel figur un viaje del ex vicepresidente y su familia que, según insinúa un informe, habría sido pagado por la trama corrupta a través de Viajes Pasadena, un hecho que el propio Cascos -”sin estar siquiera imputado-” negó ante el juez, al que presentó facturas.