El mundo judicial rechaza en bloque las acusaciones contra el Supremo
Esta vez no hubo fisuras. Todos los portavoces judiciales rechazaron con rotundidad los ataques lanzados contra el Tribunal Supremo en el acto de solidaridad con el juez Baltasar Garzón. Los organizadores del homenaje, UGT y CC.OO., plegaron velas y sostuvieron que, pese a lo dicho, no había intención de agredir al alto tribunal. La representante del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, sostuvo que «no es tolerable» los calificativos que se endosaron al Supremo porque fueron más allá del derecho a la libertad de expresión. La vocal aseguró que el clima que se ha creado no influirá en la decisión que adoptará en su día el órgano de gobierno de la judicatura sobre la suspensión de actividades del juez de la Audiencia Nacional.
También el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de Rosa, tachó de «muy grave» todo lo que sucedió en el acto de la Universidad Complutense porque tenía el objetivo de «coaccionar» a los magistrados del Supremo que deben decidir si procesan a Garzón por prevaricar en la investigación de los crímenes del franquismo. Fue una actitud, agregó, propia de «momentos muy negros de la historia de España» que, en su caso, le pusieron «los pelos de punta». De Rosa denunció que pretender que un juez no pueda ser juzgado muestra «una gran deficiencia democrática» y desconfianza en «la presunción de inocencia».
Las asociaciones judiciales no tuvieron en esta ocasión discrepancias. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura mostró su «preocupación y tristeza» por las ataques al alto tribunal, y consideró que hubiera sido conveniente que el propio Garzón hubiera planteado que no necesita gestos de apoyo como el del ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.
Desde la asociación Francisco de Vitoria también se cargaron las tintas contra el ex fiscal porque sus acusaciones a los magistrados del Supremo fueron «insultantes y falsas»
La presidenta de la Asociación de Fiscales Progresistas, Pilar Jiménez, tuvo una condena global al acto que supuso un atentado «frontal a la independencia judicial».
Los organizadores del homenaje se vieron apabullados por las críticas y UGT emitió un comunicado para quitar hierro.