La Fiscalía duda de la legitimidad de los acusadores para enjuiciar a Garzón
El Ministerio Público reclama al Supremo que aplique la doctrina Botín y archive la causa al entender que las querellas de Falange y Manos Limpias no son suficientes
El último cartucho de la Fiscalía para impedir que el Tribunal Supremo juzgue a Baltasar Garzón por prevaricar en la investigación de los crímenes del franquismo ha abierto un nuevo debate jurídico. ¿Están Falange y Manos Limpias legitimadas para sentar al juez en el banquillo de los acusados?. Para el Ministerio Público la respuesta es clara: no. Y así se lo hace saber al magistrado instructor de la causa, Luciano Varela, que el pasado 7 de abril resolvió que «ha lugar a proceder» contra Baltasar Garzón por abrir el primer proceso penal a la dictadura franquista.
En coherencia con la postura que ha mantenido hasta ahora la Fiscalía en la causa contra Garzón, en la que no acusa y pide el archivo de las actuaciones, el escrito remitido ayer al Supremo pide el sobreseimiento de la causa y pone de manifiesto las contradicciones de Varela en otros procesos similares.
El Ministerio Público se ampara para negar legitimidad a Falange y Manos Limpias para enjuiciar a Garzón en lo denominada doctrina Botín. Dicha doctrina fue aplicada por la Sala Penal del Supremo en una sentencia de diciembre del 2007, por la cual se impidió el procesamiento del banquero Emilio Botín con la única acusación de la acción popular, ya que por entonces ni la Fiscalía incriminó ni existía la acusación particular (afectados directos) en el proceso.
Una situación similar a la que se vive ahora en la causa contra el juez Baltasar Garzón y, por tanto, el fiscal considera que el instructor Varela debió instar el sobreseimiento de las actuaciones en su auto emitido el 7 de abril.
«Opinar lo contrario sería tanto como afirmar que la acusación popular cuenta con mayores facultades procesales (-¦) que la acusación particular y la Fiscalía, órgano constitucionalmente encargado de velar por el interés público y social», asegura el escrito.
Doble baremo según el PP. Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que intentar cambiar la aplicación de las leyes según afecten a «unos jueces u otros» es hacer «un flaco favor a la democracia» y algo «muy malo para el Estado de Derecho».