El Gobierno rechaza reformar la ley del TC y exige que se le deje trabajar

José Luis Rodríguez Zapatero echó ayer un jarro de agua fría sobre las aspiraciones del presidente de la Generalitat, José Montilla. El presidente del Gobierno dejó claro que no habrá una pronta renovación del Tribunal Constitucional y, sobre todo, que no se promoverá una reforma de la ley que regula el funcionamiento de la corte en tanto no haya sentencia del Estatut. La rotundidad de sus planteamientos coloca al líder del PSC en una tesitura compleja, después de haber creado un frente común junto al líder de CiU, Artur Mas, para exigir el relevo de aquellos magistrados que ya han acabado su mandato legal -”en noviembre sólo habrá cuatro que no estén en situación de interinidad-”.

Hasta ahora, en un intento de evitar toda imagen de enfrentamiento con el partido hermano, el jefe del Ejecutivo había procurado nadar y guardar la ropa, al conceder que la sustitución de, entre otros, la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, o el vicepresidente, Guillermo Jiménez, es «urgente» y recordar que no está en su mano acometerla porque, para hacerlo, necesita el concurso del PP.

El senador de CiU Jordi Vilajoana forzó en la sesión de control al Gobierno en la cámara alta que fuera un paso más allá. Si por la mañana el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, había planteado en un desayuno informativo que quizá fuera momento de sondear de nuevo a los populares para ver por dónde respiran, Zapatero dio por hecho que no hay nada que hacer. «Actuaré cuando las condiciones sean asumibles», se escudó. Se refería al hecho de que, como únicos candidatos posibles por su parte, el PP ofrece a Francisco José Hernando y Enrique López, ex presidente y ex portavoz, respectivamente, del anterior Consejo General del Poder Judicial y muy beligerantes con el Ejecutivo.