El Gobierno y la Audiencia piden a Belfast que aclare la fuga de De Juana

El Gobierno y la Audiencia Nacional se pusieron ayer en contacto con las autoridades de Irlanda del Norte y con el departamento de Interpol en Londres, respectivamente, para conocer los detalles que han rodeado la desaparición y el posible paradero del ex preso etarra Iñaki de Juana Chaos, quien desde el 25 de marzo no se ha presentado como era su obligación en una comisaría de Belfast, donde residía, en virtud de las medidas cautelares impuestas por la Justicia norirlandesa.

De Juana se encontraba en libertad condicional desde su detención en noviembre del 2008 por una orden europea de arresto dictada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien le investiga por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo en una carta leída en su nombre al salir de prisión. La huida del ex preso etarra, autor material de 25 asesinatos en nombre de ETA, se produce después de que el juez norirlandés Thomas Burgess aceptará su extradición a España a principios de marzo. Una decisión que fue recurrida por los abogados de De Juana.

El juez Velasco se enteró de la fuga por la prensa y este viernes, a instancias de la Fiscalía, dirigió un oficio a la Justicia norirlandesa para que le informe sobre la «situación» de De Juana y otro al servicio de Interpol en Londres para conocer su «paradero actual». Una búsqueda que ya ha comenzado el Equipo de Extradiciones del Servicio de Policía de Irlanda del Norte, que ha distribuido en las comisarias información sobre el caso e hizo pesquisas para su localización en los lugares en los que ha vivido y en dos cafeterías en las que trabajaba a tiempo parcial antes de huir.

A su vez, la Audiencia Nacional mantiene vigente la orden internacional de busca y captura por si fuera localizado en algún país que cuente con convenio de extradición con España. En caso de que De Juana haya puesto pies en polvorosa a otro país lo habría hecho con un pasaporte falso, ya que en su momento el juez de Belfast le impuso como medida cautelar la prohibición de salir del territorio británico. El ex preso etarra estaba citado a finales de junio para resolver los flecos de su entrega a España y ahora, lo más inminente, es que la Justicia de aquel país dicte una orden de arresto.

Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró confiado ayer en que el presidente del PP, Mariano Rajoy, mantenga una «actitud de apoyo y compromiso» con el Gobierno central en la política antiterrorista y que sus críticas en esta materia sea algo «absolutamente coyuntural».