La política coloniza la Justicia

Asuntos de plena actualidad como el Estatuto de Cataluña, el caso Garzón o la trama Gürtel han venido a emponzoñar, más si cabe, la convivencia entre las dos instituciones del Estado. Los ataques al Supremo, al Constitucional o las críticas al Consejo del Poder Judicial son la punta de lanza de la excesiva influencia que los dos grandes partidos políticos, PSOE y PP, pretenden ejercer sobre la administración judicial, con el fin no confesado de favorecer sus intereses y sus cálculos electorales. El propio Mariano Rajoy reconoció el viernes el problema cuando prometió tratar de terminar con la politización de la Justicia si llega al Gobierno. Lo que no dijo nada es sobre la cuota de responsabilidad en la situación actual de los propios partidos.

Pero esta batalla, que se juega no sólo en un ámbito nacional sino también internacional, deja cadáveres por el camino. Cuerpos no sólo físicos -”como Garzón-” y también metafísicos -”los principios constitucionales de imparcialidad y equidad que deben regir la acción de la Justicia-”. En esta perversión del sistema, la tercera damnificada es la propia imagen de los tribunales y de sus principales protagonistas, los más de 4.600 jueces y magistrados.

No sorprende que la Justicia sea hoy la institución peor valorada por los ciudadanos pese a que no está entre sus diez primeras preocupaciones. La última encuesta del CIS le daba un suspenso (3,74 sobre 10), y eso que los niveles de confrontación institucional no habían alcanzado la tensión actual. Buena prueba de ello es que en el último barómetro del instituto de opinión (mayo del 2010) se ha duplicado el porcentaje de españoles que sitúan el funcionamiento de la administración judicial como su principal inquietud. Así lo piensa un 3,5% de los ciudadanos, el porcentaje más alto desde 1997.

¿Mera coincidencia? Parece que no. Magistrados y juristas consultados coinciden en afirmar que la concurrencia en el tiempo de dos asuntos excesivamente mediatizados -”Estatut y caso Garzón-” ha agrandado el tumor que sufre el sistema judicial español. Un quiste que supura por dos hendiduras: la excesiva influencia del poder político, sobre todo en las altas instancias judiciales, y el modelo actual de órgano de gobierno de los jueces, con un peso preponderante de las asociaciones a la hora de efectuar los nombramientos de altos cargos -”magistrados del Supremo o presidentes y miembros de tribunales superiores, entre otros-”.

El resultado final de este explosivo combinado, según los mismos profesionales, es que la Justicia vive una «situación compleja, difícil», aunque sin llegar a una «crisis institucional»; en la que los grandes partidos políticos parece que miran para otro lado porque no reaccionan ante el progresivo desprestigio de la institución; en la que los miembros del Supremo tienen que salir a la palestra para defender su honor, o los integrantes del Constitucional reclamar moderación en cada andanada sobre el Estatut. Con razón o sin ella, este contraataque de la cúpula judicial es un hecho sin precedentes.

Los juristas preguntados ponen el punto de partida de la politización de la justicia en una norma de 1985, que supuso un cambio radical en la designación de los vocales del Consejo del Poder Judicial. Se impuso un sistema de cuotas en la que ganaba peso los nombramientos de los partidos políticos en detrimento de los togados. «Se pretendía huir del corporativismo judicial y nos hemos dado de bruces con otro corporativismo, el de los políticos, que buscan su parcela de poder con el agravante de que ello supone un enorme riesgo para el sistema de división de poderes», apunta el juez decano de Valencia Pedro Viguer.

«Las resoluciones judiciales son discutibles u opinables, por lo tanto están sujetas a la crítica. Lo que no es admisible es que tal crítica se realice con análisis sesgado y, casi siempre, con escaso rigor jurídico», resume Viguer, cabeza visible de la Plataforma por la Despolitización y la Independencia Judicial, un movimiento con 1.450 socios nacido al albur del caso Mari Luz Cortés, la niña onubense fallecida a manos del pederasta Santiago del Valle, en libertad porque no había sido una ejecutada una sentencia condenatoria contra él. La presión política y social por lo que se consideró un «error judicial» fue el germen de la primera huelga de jueces en democracia.