Diario de León

La Junta no recuperará el impuesto de sucesiones para aumentar los ingresos

Herrera dice que la eliminación del tributo es «definitiva» y se muestra preocupado por que continuará la pérdida de empleo en España y Castilla y León en el 2010 y 2011

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efe | valladolid

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El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aseguró ayer ante el pleno de las Cortes que la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones es «definitiva», por lo que no se plantea su rescate como fórmula para aumentar los ingresos en época de crisis.

Esta cuestión quedó el lunes en el aire, cuando la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, defendió su postura particular sobre la inconveniencia de subir impuestos para afrontar la recuperación económica, pero remitió a la revisión de las cuentas públicas para responder a si la Junta se planteaba recuperar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Herrera fijó este principio en la parte final de su respuesta ante el pleno de las Cortes al portavoz del Grupo Mixto, el leonesista Joaquín Otero, que le planteó una batería de preguntas sobre la repercusión en Castilla y León de las medidas de recorte planteadas por el Gobierno central.

«Más que una pregunta oral es un interrogatorio», comenzó por decir el presidente de la Junta, quien remitió al análisis que realizarán sus consejeros para ver de qué partidas económicas se puede prescindir. Herrera expresó su preocupación por que en el 2010 y el 2011continuará la pérdida de empleo en España y en Castilla y León.

El presidente sostuvo que la contribución que realizará Castilla y León al esfuerzo común para reducir el déficit público se vinculará al límite de endeudamiento que el propio Gobierno central trazará para las comunidades.

En este sentido, Herrera expresó que no puede «anticipar» qué inversiones pueden aplazarse o qué subvenciones pueden quedar sin otorgarse, ya que dependerá del marco fijado por el propio Gobierno. Recordó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo central afectarán en Castilla y León a 400.000 pensionistas, a 21.000 familias como potenciales beneficiarias del cheque-bebé, dependientes y un recorte medio del 5 por ciento para 175.000 funcionarios.

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