No hay temor a que la Junta tenga que indemnizar a las promotoras

La paralización en cadena del negocio eólico proyectado en las comarcas de Omaña y La Cepeda tendría como consecuencia inmediata la generación de pérdidas millonarias para las sociedades mercantiles que financiaron los parques eólicos ya construidos. En consecuencia, la Junta debería responder patrimonialmente ante las promotoras, una posibilidad más que remota en el caso de León, según opina el director general de Industria, Ricardo González Mantero, puesto que hasta ahora la única sentencia que existe en Castilla y León contra un parque ya construido se refiere a una red de aerogeneradores en Soria y el dictamen judical tan sólo obliga a hacer un estudio de efectos acumulativos, «aunque dice que el parque es autorizable y no ordena para nada el desmantelamiento».

Los responsables de Industria esperan que la doctrina de los tribunales «vaya por ahí» en el futuro. De lo contrario, y sólo por poner un hipotético caso, los promotores de un parque eólico como el de Valdesamario perderían alrededor de 22 millones de euros ya invertidos. Aunque los primeros estudios de la Junta indicaban que cada 50 megavatios de potencia instalada aportaban una media de 2,5 empleos, los nuevos informes que maneja la Dirección General de Industria revelan que esta cifra se ha cuadriplicado desde que se inició la planificación del sector eólico en Castilla y León, hace ahora nueve años. Por lo tanto, de abrirse un proceso de esta magnitud, la Administración autonómica se enfrentaría a una responsabilidad millonaria.